“Más allá de la posición que hayan tenido los funcionarios partícipes de los ilícitos, en distintos países ya se ve el castigo para los mismos”, enfatizó el legislador del GPPRD.
“Sin embargo, en México tenemos una protección de parte de la PGR para que los nombres de aquellos altos funcionarios que han estado coludidos con la empresa no se den a conocer. Es necesario que la PGR dé marcha atrás a esta reserva para que la ciudadanía tenga certeza del quehacer de las instituciones del Estado”, demandó.
Argumentó que todos los contratos en los que se usen recursos públicos deben ser de la máxima publicidad y apegarse a los principios de “gobierno abierto”.
Advirtió que la reserva de la PGR en este tema pone en riesgo al Sistema Nacional Anticorrupción, pues evidencia que su titular trabaja en opacidad y que no busca procurar justicia, sino ocultar información sobre funcionarios corruptos y evitar que se les sancione.
“Todo el esfuerzo por crear el Sistema puede colapsar por los intereses de un grupo o de grupos de interés”, alertó.
Recordó que en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en el que se exhorta a todos aquellos organismos públicos que tengan contratos con la empresa Odebrecht para que, con base en sus atribuciones, rescindan cualquier relación que tengan con dicha empresa, debido a las múltiples denuncias existentes en actos de corrupción.
“Es inconcebible que el Poder Legislativo impulse propuestas encaminadas a transparentar y castigar la corrupción, y el Poder Ejecutivo dé vida artificial a una política de complicidades a todas luces corrupta”, concluyó.