La idea, explica el documento, es prevenir abusos en contra de los consumidores; asimismo, pide a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionar cualquier práctica que atente contra la libre concurrencia en el sector.
Indica que a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2017, el Ejecutivo federal estableció la regulación sobre precios máximos de la gasolina y diésel, considerando las diferencias de costos de transporte por regiones, modalidades de distribución y expendio al público y la inflación esperada.
En el 2018, continua, los precios serían determinados por el mercado y por la decisión de los empresarios gasolineros, quienes fijarán los precios en función de variables como el tipo de cambio, los costos asociados al transporte, al almacenamiento y la distribución, de forma que fuese posible cubrir el costo para que el producto se mueva y llegue a las estaciones de comercialización y al público en general.
Sin embargo, apunta que con este proceso de determinación de los precios, es posible presenciar actos de competencia desleal por parte de los competidores, con afán de lucro, lo que genera distorsiones en el mercado.