Llaman senadores del PRD al Ejecutivo a vetar artículos 29 y 32 de la Ley de Responsabilidades

El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República llamó al titular del Ejecutivo a que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, vete de manera parcial la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos con el propósito de agregar reservas al artículo 29 y clarificar la redacción del 32.

En conferencia de prensa, el coordinador de la fracción, senador Miguel Barbosa Huerta, propuso que en lo que respecta al artículo 29, que se incorpore la reserva que el Grupo Parlamentario del PAN y del PRD presentaron durante la discusión de la ley en el periodo extraordinario.

“Para que la máxima publicidad de las tres declaraciones de los servidores públicos: la fiscal, la patrimonial y la de intereses queden perfectamente claras en los campos, en los elementos que debe de tener y que esos elementos estén redactados, escritos, en la ley”, dijo.

Acerca del artículo 32, apuntó el senador, el PRD plantea que se preserve la obligación del sector público de estar obligados a informar, pero que se mejore la redacción a fin de que este artículo no sirva como un elemento de evasión o se diga que obliga a los becarios y a quienes reciben recursos públicos para fines sociales, culturales.

“Pero todos los particulares o las personas jurídicas que hagan negocio con el Gobierno, con el ejercicio del Gobierno, mediante contratos con fines mercantiles, queden obligados”, agregó.

Barbosa Huerta aseguró que los empresarios de México van a compartir esta posición, pues quieren claridad en la ley y no están pidiendo inmunidad en contra de una medida que los está obligando a participar en el combate a la corrupción.

El senador poblano aseveró que no se debe esperar a que transcurran 30 días como lo marca la Constitución para que el Ejecutivo haga o no observaciones, sino que debe hacerlas inmediatamente y el Congreso comprometerse a atenderlas en un periodo extraordinario de sesiones a celebrarse de manera inmediata.

“El ambiente social que ha rodeado, que se ha construido alrededor de cómo quedó resuelto el Sistema Anticorrupción por el artículo 29 y por la confusión o mala redacción del 32, no debe de afectar al conjunto del sistema; es un esfuerzo legislativo muy importante, es un andamiaje muy completo que no puede quedar bajo la denominación de ser un mal sistema solamente por la visión que se tiene de dos artículos”, sostuvo.