Al presentar la posición de México, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, jefe de la delegación mexicana, señaló que en México se está registrando un profundo cambio en la atención de la cuestión migratoria reflejado en el Proyecto de Ley de Migración que actualmente discute el Congreso; en la Ley de Refugio recientemente promulgada, y en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en proceso de aprobación por los congresos estatales.
Asimismo, explicó que el gobierno de México tiene un pleno compromiso para prevenir y combatir los abusos contra los migrantes. Indicó que la principal amenaza para los migrantes en México está constituida por la delincuencia organizada. Dijo también que el gobierno federal cuenta con una estrategia integral para combatir los delitos en contra de los migrantes; que se ha detenido a 966 personas por el delito de tráfico de migrantes; que el poder judicial ha dictado 602 sentencias por tráfico de indocumentados y que las investigaciones por secuestro no prescriben ni pueden reservarse.
El Comisionado señaló que como resultado de las investigaciones sobre la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el año pasado, se han realizado ocho detenciones y se ha mantenido una estrecha colaboración con todos los países involucrados. Anotó que el gobierno de México ha adoptado esquemas como las “visas humanitarias” para facilitar la participación de migrantes víctimas y testigos del delito en procesos judiciales.
La delegación de México señaló al Comité que no se toleran vejaciones en las estaciones migratorias, así como que en éstas se brinda una atención digna a los migrantes en términos de salud y alimentación, y que las estaciones están abiertas a las visitas de los cónsules centroamericanos y de todos los países. Durante la sustentación, se informó también de los estrictos controles de confianza para todos los funcionarios involucrados en la gestión migratoria.
En respuesta a otras preguntas del Comité, la delegación de México informó acerca de las medidas cautelares en curso para responsables de albergues de migrantes en el país. Subrayó el pleno compromiso del Gobierno de México para cumplir con las medidas de protección dictadas por el órgano autónomo nacional o por el sistema interamericano de derechos humanos. También informó sobre las distintas medidas adoptadas por el gobierno mexicano para proteger a los grupos vulnerables, particularmente las niñas, niños y mujeres migrantes, incluso a través de los oficiales de protección a la infancia del INM.
Los miembros del Comité reconocieron los importantes avances que ha habido en México para la atención y protección de los migrantes y sus familias, así como los avances legislativos en curso para armonizar sus normas con la Convención. Destacaron también el trabajo que se lleva a cabo para la protección de los derechos de los mexicanos en el exterior particularmente en Estados Unidos.
En las conclusiones preliminares sobre la sustentación del informe, el Comité coincidió con el Gobierno mexicano en la amenaza que representa el crimen transnacional organizado, y lo exhortó a continuar con los esfuerzos para consolidar una coordinación efectiva entre los diferentes ámbitos de gobierno así como el positivo intercambio de buenas prácticas con los países de la región. Asimismo, destacó la voluntad política del Estado mexicano y su compromiso con las obligaciones internacionales derivadas de la Convención.
Luego de la sustentación la delegación mexicana sostuvo un diálogo abierto con distintas organizaciones no gubernamentales para intercambiar ideas sobre la información presentada por México. En ese diálogo participaron representantes de Amnistía Internacional, International Catholic Migration Commission, Scalabrini International Migration Network.
La delegación mexicana estuvo integrada también por el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública, Lic. Monte Alejandro Rubido; por el Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, y por funcionarios de la Procuraduría General de la República la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras instituciones federales.
México sustenta este segundo informe luego de haberlo hecho por primera vez hace cuatro años. El gobierno de México ratificó la Convención sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares en 1999.