"Existen discrepancias con algunas de las valoraciones vertidas por el relator, tanto en el informe como en las declaraciones que le han seguido. Una de ellas es la valoración de que en México existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden. Esta valoración no corresponde a la realidad", dijo la cancillería en un comunicado.
México ya había rechazado que la tortura sea una práctica "generalizada" en el país, como afirmó el relator especial en un informe, en marzo pasado.
De acuerdo con el informe del relator, México ha dado pasos normativos "positivos" para establecer salvaguardias contra la tortura, pero el problema sigue siendo "generalizado" debido a la impunidad imperante.
Al presentar las conclusiones de una visita que realizó a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo del año pasado, Méndez advirtió que "la impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento".
Por eso, recomendó a las autoridades "reconocer públicamente la dimensión de la impunidad" y enviar "enérgicos mensajes públicos" a todos los funcionarios de que toda tortura y maltrato será "seriamente investigado y castigado".
En el informe, que describe la situación en México y plantea sus recomendaciones, el relator además expresó su "extrema preocupación" por el caso de desaparición forzada de 43 estudiantes el 26 de septiembre en el sur del país por parte de autoridades municipales en colusión con el crimen organizado.
"La inaceptable tragedia constituye un llamado urgente al gobierno para implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos, que deben incluir remedios a la problemática evidenciada en el presente informe, en especial a la impunidad y las débiles garantías para prevenir y erradicar la tortura", señaló.
El documento detalla que la tortura y malos tratos, incluida la de tipo sexual, ocurren en México en los momentos que siguen a la detención de una persona y antes de su puesta a disposición de un juez.
Al respecto, la cancillería destacó que el Estado mexicano "tiene un compromiso ineludible con la protección y la promoción de los derechos humanos" y reconoció "que existen retos significativos para lograr, en los hechos, una mejor y más amplia protección de los derechos humanos en el país".
"En particular, se reconoce que la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada. Ésa forma parte de los retos que el Estado asume y enfrenta a diario para una pronta solución", abundó.
El ministerio además aseguró que México "está y se mantendrá abierto al escrutinio internacional y a la plena cooperación con todos y cada uno de los diversos mecanismos existentes en el ámbito regional y universal (Sistema interamericano de Derechos Humanos, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, órganos de tratados), así como a la cooperación con otros organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Unión Europea y otros países".
Al dar por concluido el diferendo con el relator, la cancillería finalmente reafirmó "su plena disposición a seguir colaborando con los organismos internacionales en materia de derechos humanos y acredita su política de Estado en materia de apertura al escrutinio internacional en esta materia". (DPA)