Dijo que la comunicación enviada en días pasados por el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en México al subsecretario para América del Norte, detalla que "la aplicación de la sección 235 B2C del Acta de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos de América, en el sentido que fue notificada al gobierno de México, es un asunto interno de ese país".
Durante la conferencia de prensa que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, agregó que el gobierno de México tomará las medidas pertinentes, en ejercicio pleno su soberanía y en apego al marco jurídico correspondiente.
Reiteró que "México no ha aceptado en ninguna condición, ni de jure ni de facto, sobre el estatus de tercer país seguro para el trato a las personas que ingresan a nuestro territorio, buscando acceder a Estados Unidos".
Explicó que un acuerdo de tercer país seguro es un compromiso internacional con carácter vinculante suscrito por medio de un tratado bilateral, y "México no acepta ni aceptará firmar un tratado que lo ponga en esa circunstancia".
Ebrard Casaubon explicó que el diálogo entre las dos naciones, "en todo caso, y sus alcances, deberán sujetarse al marco internacional y a la legislación de cada país, por lo que estaremos informando puntualmente de su contenido y características".
Sobre el Programa de Desarrollo Integral para el Sur de México y Centroamérica, aclaró que a Nicaragua "no la estamos incluyendo, es Guatemala, Honduras y El Salvador".
Agregó que "desde un principio invitamos a la Cepal y a la Organización de Naciones Unidas (ONU), que tendrán a su cargo no sólo la elaboración del plan, que ya está en curso, sino también el esquema de supervisión que vamos a proponer, porque queremos que tengan las normas más altas internacionales".
Además, coincidió con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en que la política migratoria mexicana está cambiando drásticamente, "la instrucción que tenemos del Presidente de la República es que sea la dimensión humana la que regule toda la política migratoria mexicana".
Sánchez Cordero manifestó que la política migratoria está cambiando radicalmente para que la entrada a México sea ordenada, segura y regulada, donde los migrantes que ingresen al país deberán respetar siempre la legislación mexicana en la materia.
Explicó que lo anterior significa que no habrá "violaciones ni vejaciones ni humillaciones a los migrantes, ni tampoco tienen por qué pasar en forma ilegal, sino ordenada, pacífica y regulada, con respeto irrestricto a sus derechos humanos".
"Los migrantes que ingresen a nuestro país tendrán, en principio y siempre, que respetar la legislación mexicana en materia de migración".
La funcionaria subrayó que "el gobierno de la República está cambiando de manera muy importante la política migratoria de represión y militarización en la frontera sur".
Reconoció que actualmente existe un flujo migratorio importante de centroamericanos, por lo que para proteger sus derechos, el más importante es a la identidad, "y lo vamos a hacer a través de un registro de cada una de las personas que ingresen a nuestro país para conocer, efectivamente, quiénes son, de dónde vienen, cuál es su nacionalidad, cuál es su origen".
En otro tema, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que entre las diversas sentencias que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se encuentra la vinculada con tortura, abuso sexual y violaciones contra mujeres "en los lamentables hechos de San Salvador Atento, en el Estado de México".
Afirmó "que el Estado mexicano ha iniciado el proceso de revisión de esta sentencia, la cual cumpliremos de manera muy puntual, atendiendo cada uno de los aspectos que de ella se deriva".
Precisó que en los próximos días, una vez desahogado el análisis de la sentencia, "daremos a conocer las fechas, mecanismos e instrumentos, a partir de los cuales se ejecutará plenamente esta sentencia".