El legislador explicó que es necesario actualizar el Código y armonizarlo con los preceptos constitucionales e internacionales que protegen los derechos humanos, bajo la premisa de que la jurisdicción penal militar en tiempo de paz resulta “lisa y llanamente” acotada a los asuntos relacionados con la disciplina marcial.
Indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que “frente a la eventual vulneración de derechos humanos de civiles, bajo ningún criterio debe operar la jurisdicción militar, que resulta por antonomasia una jurisdicción especial, restrictiva y excepcional”.
Por ello, dijo, resulta evidente que esta situación debe ser subsanada por el Congreso de la Unión y armonizar la legislación en esta materia.
Recordó que la SCJN --con una apabullante mayoría de los ministros -- determinó que los delitos perpetrados por militares contra civiles no deben ser juzgados por jueces castrenses, sino por tribunales civiles.
Por lo anterior, agregó, corresponde al Poder Legislativo actualizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, a fin de armonizarlo con el contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos.