La senadora Angélica de la Peña Gómez sostuvo que la corrupción no se erradica con la sola promulgación de reformas de tipo penal sino mediante un sistema diseñado para evitar la comisión de estos delitos así como con instituciones que puedan sancionar a quienes aprovechan sus cargos para su beneficio.
Para ello, dijo, es indispensable contar con los tipos penales adecuados, por lo que las reformas al Código Penal Federal son de la mayor relevancia pues tipifican como corrupción el ejercicio ilícito del servicio público, el abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos contra la administración de la justicia.
“Con las reformas se castiga con mayor severidad a aquellos servidores públicos con mayor rango jerárquico, se adecúan las sanciones y las multas al determinar su monto o cuantía tomando en cuenta la gravedad de la infracción, el daño a la hacienda pública, el monto del beneficio ilícito obtenido y la capacidad económica del infractor”, agregó
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado aseguró que con estos tipos penales, la fiscalía especializada en combate a la corrupción tendrá las herramientas adecuadas para sancionar a quienes optan por tener un beneficio indebido cuando, por su cargo, administran recursos públicos.
Por su parte, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes destacó que las modificaciones al Código Penal Federal constituyen un catálogo de delitos más amplio y efectivo que brinda mayores posibilidades de sancionar a los corruptos.
Celebró que la propuesta del GPPRD para establecer un régimen sancionatorio más severo para los altos servidores públicos se haya tomado en cuenta, pues, aseveró, ningún régimen de gobierno puede ser democrático si no sanciona de manera severa este tipo de actos.
“Se introduce el criterio sancionador, en el que se le da mayor castigo a quien tenga a mayor responsabilidad”, explicó.
Destacó que con las reformas se crean nuevos supuestos para los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades.
Se sanciona penalmente a los involucrados en casos de tráfico de influencias desde el Poder Legislativo y se propone imponer sanción penal al legislador que en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación.
“Al sancionar esta conducta, todos los partidos decimos no a los moches”, aseguró.
El senador Fernando Mayans Canabal sostuvo que el dictamen a discusión es parte fundamental de la reforma anticorrupción ya que aborda el aspecto punitivo de las conductas ilícitas que son consideradas como corrupción, como lo son los famosos moches.
Subrayó que las disposiciones contenidas en este dictamen son aplicables a los gobernadores de los estados, a los diputados, a las legislaturas locales y los magistrados de justicia local por la comisión de los delitos previstos.
Sin embargo, consideró que las propuestas de esta reforma son insuficientes para el Sistema Nacional Anticorrupción ya que se renuncia la actualización integral de las penas y multas vigentes.
