Así lo señaló el diputado Rafael Hernández Soriano, quien cuestionó las reservas de MORENA a la minuta enviada por la Cámara de Senadores sobre la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución, referente a la facultad exclusiva del Ejecutivo Federal de suspender o restringir los derechos y garantías bajo ciertas condiciones.
Señaló que esta propuesta de Ley -aprobada en la Cámara de Senadores y actualmente en proceso de ratificación en la de Diputados- respeta la facultad presidencial, pero la acota para garantizar su objetivo último, que es salvaguardar la vida de los ciudadanos.
Además, al reglamentarla, evita que en situaciones de crisis se interprete arbitrariamente por el Presidente, su partido o cualquier otro grupo interesado.
En este sentido, se apega al texto constitucional y a tratados internacionales signados por México específicamente en lo referente al respeto de los Derechos Humanos, en especial, el derecho a la vida.
Recordó que, conforme al artículo 29 de nuestra Constitución, en casos de “invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, sólo el Presidente, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, “podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”.
El mismo texto constitucional agrega que “deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona”.
La propuesta de Ley Reglamentaria de este precepto constitucional –aprobada hoy en la Comisión de Gobernación y turnada a la de Derechos Humanos- recoge estos y otros principios y enlista las prerrogativas que no podrán ser restringidas aun cuando el Ejecutivo Federal decrete una suspensión de derechos y garantías individuales.
En este sentido –apuntó Hernández Soriano-, la propuesta de Ley obliga a que el decreto presidencial de suspensión de derechos y garantías observe los principios pro persona, como los de no discriminación, legalidad, irretroactividad de las leyes, y el de debido proceso.
Además de replicar y precisar los controles legislativos y judiciales previstos en el artículo 29 de la Constitución, la propuesta de Ley Reglamentaria incluye controles internacionales.
Así, tal como lo establece el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Ejecutivo Federal deberá dar aviso del inicio de la vigencia de la suspensión, de su motivación y de la finalización del decreto a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Es claro que la ausencia de una ley reglamentaria como ésta es lo que genera la discrecionalidad, la arbitrariedad y el autoritarismo. El GPPRD está a favor de una ley como ésta precisamente por eso”, concluyó el legislador perredista.
De ser aprobada la minuta también en la Comisión de Derechos Humanos, sería turnada al Pleno de Diputados y, de ratificarse ahí su contenido, se enviaría al Ejecutivo Federal para su publicación y puesta en vigencia.