No permitirá GPPRD impunidad en materia de juicio político: Hernández Soriano

El diputado Rafael Hernández Soriano advirtió que el GPPRD no permitirá que la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados declare prescritos cientos de solicitudes de juicio político contra funcionarios y ex funcionarios por el simple hecho de que los copresidentes priistas de dicho órgano legislativo omitieron su obligación de citar a sesiones.

Denunció la pretensión del PRI y sus adláteres en la Cámara de Diputados de dejar en la impunidad a esos funcionarios y ex funcionarios a pesar de una resolución judicial que ordena a los legisladores federales restablecer el orden constitucional.

En declaraciones a la prensa, informó que, tras el apercibimiento del Juez Décimo Segundo en Materia Administrativa de la Ciudad de México a los integrantes de la Subcomisión de Examen Previo para reunirse y cumplir sus obligación de desahogar las solicitudes de juicio político contra varios personajes, los copresidentes de este órgano –ambos priistas- citaron para el miércoles 1 de marzo.

Sin embargo, de acuerdo a la orden del día –dijo Hernández Soriano-, la reunión sería sólo para desahogar asuntos que ya prescribieron, es decir, para formalizar la impunidad a muchos denunciados con el pretexto de que ya pasó el tiempo legalmente establecido para enjuiciarlos.

“Realmente lo que quieren hacer los copresidentes que citan a la reunión del miércoles es precisamente lo que los jueces les ordenan que dejen de hacer: que no obstruyan la justicia y que resuelvan de fondo”, puntualizó el también Secretario de la Comisión de Gobernación.

Avaló el que se haya citado ya, pero consideró necesario que todos y cada uno de los más de 350 expedientes acumulados en la Cámara de Diputados sean revisados y se desahoguen de fondo, pues finalmente a quien protege la ley es al ciudadano y lo que ordena el juez que apercibe es que se restablezca el orden constitucional a favor de éste.

Recordó que la Subcomisión de Examen Previo para tramitar solicitudes de juicio político se integra por 5 miembros, un Secretario y el presidente de las Comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados, quienes la copresiden. Suman así 14 miembros.

La Comisión de Gobernación la preside la diputada priista Mercedes Del Carmen Guillén Vicente y la de Justicia su correligionario Álvaro Ibarra Hinojosa, quienes a pesar de múltiples exhortos de otros grupos parlamentarios –incluidos los del GPPRD- y de apercibimientos previos de otros jueces, han incurrido en desacato contumaz y han violentado la ley una y otra vez por omitir citatorios a sesiones de la Subcomisión para que ésta cumpla su deber.

Hernández Soriano recordó que el mismo solicitó amparo del Poder Judicial contra la inacción de la Subcomisión de Examen Previo y lo obtuvo del mismo Juzgado 12 de la Ciudad de México.

Por ello, en su consideración, son los presidentes de ambas comisiones y, en su caso, su grupo parlamentario –el PRI- los responsables de que el mencionado juez haya apercibido y multado a todos los integrantes de la Subcomisión porque son ellos quienes podrían citar y no lo hicieron.

Además, ya incurrieron en un nuevo desacato, pues la orden judicial les dio cinco días naturales para citar a sesiones a partir del ocho de febrero, pero lo hicieron para casi un mes después, es decir, el 1 de marzo.

Con el apercibimiento del 8 de febrero, la multa era de 100 Unidades de Medida y Actualización –siete mil 549 pesos-, pero con el nuevo desacato se elevó a 200 Unidades, es decir, 15 mil 98 pesos para cada integrante de la Subcomisión.

Su desacato contumaz podría dar lugar a que también en su contra se solicitara juicio político para ser separados del cargo y enfrentar las consecuencias penales y administrativas que de ello deriven, pero dado que son ellos quienes presiden la Subcomisión de Examen Previo, esa posibilidad está prácticamente descartada, al menos en estos momentos.

A lo que sí se les debe obligar –dijo Hernández Soriano- es que el pago de la multa impuesta por el juez salga de su pecunio y no de la Cámara de Diputados y, ni siquiera, de los integrantes de la Subcomisión de Examen Previo.

Aclaró: “Tendríamos que solicitárselo al juez para que emita un nuevo resolutivo, pero en su caso yo daré cumplimiento e insistiré en que ellos también cumplan y vayan a materializar ese acto vergonzoso de pagar por dejar de cumplir la Constitución en esta Cámara”.