PAN y PRD insisten en construir tribunal autónomo para atender casos de corrupción

Senadores del PAN y PRD, y representantes de la sociedad civil insistieron en que se requiere un Tribunal Federal de Justicia Administrativa plenamente autónomo, fuerte e imparcial, así como salas regionales especializadas para atender las responsabilidades los servidores públicos que cometan algún acto de corrupción.

La senadora Pilar Ortega Martínez recordó que uno los temas irreductibles que planteó el Grupo Parlamentario del PAN fue la creación de salas regionales especializadas para resolver los casos sobre las responsabilidades de los servidores públicos y “no hay ningún impedimento constitucional” para que se apruebe dicha propuesta.

Recordó que se trata de generar un sistema que promueva la denuncia, que procese este tipo de asuntos ante los tribunales, que haya sanciones y se termine con la impunidad, pero “nos preocupa” que sean las salas ordinarias quienes atiendan el tema, porque actualmente sólo el 1.6 por ciento de los casos que resuelve el Tribunal se refieren a estas cuestiones, su experiencia está en otro lado.

Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, destacó que los magistrados que atiendan estos casos van a ser los encargados de juzgar a un gobernador, secretarios de estado o legisladores acusados de cometer actos de corrupción, pero conforme a la propuesta “sólo van a recibir en apelación los recursos que se interpongan de lo que se resuelva en las salas regionales ordinarias”.

Lo anterior, señaló, quiere decir que los grandes casos de corrupción que se registren en México serán resueltos por magistrados de salas ordinarias, que atienden temas relacionados con la derechohabiencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social o sobre la devolución de impuestos, es decir, “no hay especialización, nada que tenga que ver con la independencia, autonomía y profesionalización”.

Por el Grupo Parlamentario del PRD, las senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez subrayaron que la Constitución establece que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene que ser un órgano autónomo, fuerte, imparcial, transparente, con procedimientos ágiles, pues “sólo así será una herramienta para el combate a la corrupción y para reducir la impunidad”.

Sin embargo, acotó Padierna Luna, se propone que sean las salas regionales las que conduzcan las responsabilidades administrativas, pero que están saturadas de trabajo, estancadas en sus determinaciones, lo que agravaría la crisis de corrupción.

“Se planifica --afirmó-- un esquema equivocado, que llevaría al Tribunal a establecer procedimientos similares a los del fuero común”, donde a estas salas les corresponderían los asuntos de su propio dominio territorial, que normalmente está controlado por los gobernadores y quienes “suelen meterse en la composición de todos los órganos estatales y a veces incluso regionales”.

La senadora independiente Martha Angélica Tagle Martínez coincidió en que el proyecto la Tercera Sección del TFJA --que le correspondería conocer las responsabilidades administrativas de servidores públicos--“queda totalmente maniatada” porque se compondría por tres magistrados de la Sala Superior, quienes no integrarán Pleno Jurisdiccional ni podrán ser designados como integrantes de la Junta de Gobierno y Administración.

Además, dijo, la designación de los magistrados del TFJA “sigue siendo una facultad del Presidente de la República con la ratificación del Pleno de la Cámara de Senadores, mecanismo que no genera la autonomía necesaria para enfrentar las corrupción.

Alejandro Encinas Rodríguez, senador del Grupo Parlamentario del PRD, consideró indispensable “acotar con toda precisión las facultades que se le otorguen al Tribunal de Justicia Administrativa, el fortalecimiento de sus principios de actuación y los mecanismos para el nombramiento de sus integrantes”.

Destacó la importancia de otorgarle a este organismo instrumentos para que pueda ejercer sus funciones, perocomo viene planteado en el segundo documento de trabajo “es totalmente insuficiente, porque se le otorgan facultades a la Tercera Sección sólo para nombrar al presidente de la misma, resolver recursos de apelación, de reclamación y juicios especiales, así como para fijar jurisprudencia y designar al secretario adjunto.

En tanto, el senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que sobre este tema “tendríamos que entrar a un análisis constitucional para ver si nos alcanza la Tercera Sección o si podemos hacer salas regionales”.

Hizo un llamado para construir una redacción con base en “las mejores prácticas” y en el punto de vista del Tribunal.