Señaló que el GIEI ha sufrido una serie de descalificaciones y una campaña de desprestigio que no ha abonado en el correcto desarrollo de las labores de acompañamiento que deben desempeñar.
“Es por ello que las solicitudes de las víctimas y sus representantes, y el rompimiento de acuerdos tomados con las autoridades, han hecho patente la necesidad de que su colaboración se prorrogue hasta que se tengan resultados claros, dado que el mandato del Grupo concluye el próximo 30 de abril”, señaló.
Agregó que la confianza y el respaldo que genera el GIEI en las víctimas es indispensable para subsanar la carencia de estos elementos en el trato que las víctimas sostienen con las autoridades.
Aclaró que la participación del GIEI es un derecho contemplado en la Ley General de Víctimas, pues éstas, durante un proceso penal y en los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, pueden solicitar la intervención de expertos independientes a fin de que colaboren con las autoridades competentes.
Los familiares de las víctimas han denunciado, en múltiples ocasiones, que han sido objeto de malos tratos por parte de diversas autoridades del Estado, por lo cual, para ellos, la presencia del GIEI resulta imprescindible.
“Sus representantes han señalado que en nuestro país es necesaria la supervisión internacional en los casos de graves violaciones a derechos humanos para generar los instrumentos de atención a víctimas y el esclarecimiento de los hechos, por lo que pidieron a los integrantes de la Comisión –la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados- que interviniéramos para que se extienda el mandato del Grupo”.
“Es mi compromiso trabajar por las y los ciudadanos, por lo cual expreso mi completo respaldo a las peticiones de las víctimas y exijo que cesen los ataques de desprestigio en contra de los integrantes del GIEI. Todo lo anterior para abonar por un México sin violaciones a los derechos humanos, en el que nuestro derecho a la verdad y la justicia sea respetado, un México en el que las autoridades se apeguen a los convenios internacionales de los que el Estado es parte, contribuyendo a generar certeza y seguridad jurídica para las víctimas”, concluyó la legisladora federal perredista.
