La legisladora perredista recordó que en el mes de febrero de 2017, un informe de Citizen Lab, adscrito a la Universidad de Toronto, elaborado en colaboración con la organización mexicana R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC, Access Now y Amnistía Internacional, demostró el uso de malware gubernamental altamente sofisticado con el objetivo de espiar a tres promotores del impuesto a las bebidas azucaradas y de otras regulaciones para combatir la obesidad, en particular, a quienes promovían el etiquetado frontal de los innumerables productos en el mercado Mexicano
Refirió que el pasado lunes 19 de junio, fue publicada por Citizen Lab y por las organizaciones Article19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC, una nueva investigación publicada por el diario estadounidense The New York Times, en donde se da cuenta que el uso de ese software malicioso y comercializado exclusivamente a gobiernos, fue dirigido a otros activistas, defensores de derechos humanos e incluso contra periodistas y sus familiares.
“El principal método de infección documentado tanto por Citizen Lab como por las organizaciones consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso. Los nuevos casos que se registraron en esta segunda investigación fueron los del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, de la periodista Carmen Aristegui de su hijo Emilio Aristegui, y de sus colaboradores los también periodistas Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, tan sólo entre estos periodistas se lograron documentar cerca de 50 mensajes recibidos en los años 2015 y 2016”, agregó.
Recordó que otro caso documentado fue el del periodista Carlos Loret de Mola quien entre en los años 2015 y 2016 recibió al menos 7 mensajes que pretendían infectar su dispositivo con el malware denominado “Pegasus” y que es comercializado y distribuido por la empresa NSO Group. En contra de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y de sus colaboradores Salvador Camarena y Daniel Lizárraga y finalmente se documentaron también actos que pretendían espiar a Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad quienes recibieron al menos 4 mensajes intentando infectar sus dispositivos móviles a finales de 2015 y en el mes de mayo de 2016.
Padierna Luna señaló que, según la investigación de Citizen Lab, y según la propia información expuesta por la empresa NSO Group la mayoría de sus clientes son gobiernos nacionales, entre los que se encuentra el propio Gobierno Mexicano, quien a través de instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR), y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), han sido clientes de dicha empresa desde el año 2013.
“La evidencia recabada en ambos informes que fueron presentados por las organizaciones civiles, indican que todos estos casos no son aislados e indican que más bien parecen constituir una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas”, afirmó.
A consideración de la coordinadora parlamentaria resulta obvio señalar que el uso de este tipo de software de espionaje por parte de agencias gubernamentales sin que exista de por medios una autorización judicial o una investigación criminal que justifique la imperiosa necesidad de la medida es absolutamente ilegal y que constituye un delito que debe ser investigado y sancionado.
“No podemos permitir como legisladoras y legisladores que el Gobierno Federal adquiera, utilice y opere este tipo de sistemas de espionaje de manera ilegal y peor aún que éstos sean utilizados para espiar a defensores de derechos humanos, activistas, periodistas e incluso a sus familias y, desde luego, que tampoco podemos permitir que actos como los que han denunciado las organizaciones y que emanan de una investigación científica y tecnológica queden en la impunidad”, sentenció.
La coordinadora parlamentaria reiteró la necesidad de que los titulares de la PGR, SEDENA Y CISEN comparezcan ante el Congreso de la Unión para que informen sobre los contratos, adquisiciones y operaciones que han suscrito con NSO Group para adquirir y operar “Pegasus” en México o cualquier otro software parecido.
“La responsabilidad institucional y de gobierno en este asunto no puede quedarse en meras declaraciones o boletines de prensa publicados por la vocería presidencial en donde se señala que ‘no hay pruebas’ para acusar al Gobierno Federal de la utilización perversa de este tipo de softwares y hardwares, precisamente por ello es urgente la comparecencia de los funcionarios que estamos citando para conocer cuáles son los datos, documentos y registros oficiales que se tienen al respecto, pues esa información existe en algún lugar y es un derecho de la sociedad conocerla.”, concluyó.