Ello, indicó, a fin de evitar la discrecionalidad de la autoridad para resolver o admitir trámites. Además, dicho programa es poco accesible para migrantes por su alto costo de casi 10 mil pesos (714 dólares) por persona, y a la no autorización para trabajar.
Mencionó que el PTRM, que entró en vigor la víspera y finaliza el 18 de diciembre próximo, no brinda la opción de obtener la residencia permanente, ni el permiso para trabajar a las personas que solicitan de su beneficio.
El programa sólo brinda una regularización temporal por cuatro años, y no permanente para la población migrante, a lo que se suma la no autorización para trabajar, lo que lo convierte en un trámite y costo adicional, una vez finalizado el proceso de la obtención de la tarjeta de residente temporal.
El organismo aseveró que al no permitir a los migrantes trabajar en el país, “hace que la solución no sea real pues el trámite adicional para obtener dicho permiso es uno de los obstáculos actualmente existentes en la Ley de Migración y su Reglamento”.
En ese sentido, señaló que, a su juicio, el PTRM no resuelve las deficiencias de la Ley de Migración en materia de regularización migratoria acorde a las necesidades de la población migrante irregular en el país.
Si bien señala que ningún migrante que solicite su regularización será detenido por el Instituto Nacional de Migración (INM), contempla “supuestos ligados a seguridad nacional por los cuales las personas no pueden regularizarse, que son discrecionales y discriminatorios”, insistió.
Según la Secretaría de Gobernación, con este programa se espera regularizar a 30 mil personas que ingresaron a México antes del 9 de noviembre de 2012, detalló la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.