En su punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, la legisladora señaló que ese Mecanismo de Seguimiento, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Segob, requiere la asignación de recursos suficientes para garantizar que todas las instituciones vinculadas colaboren, a fin de prevenir esta conducta, ya que “la violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”.
La dependencia federal debe avalar una efectiva coordinación con el Poder Judicial sobre denuncias de tortura, para que cuando se confirme la obtención de pruebas en una investigación penal mediante tortura u otros malos tratos, el Mecanismo de Seguimiento formule recomendaciones que aseguren un juicio justo.
La diputada por Zacatecas subrayó que el 28 de junio pasado Amnistía Internacional México presentó el Informe “Sobreviviendo a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, el cual refiere que dicho Mecanismo, a “nueve meses de su creación -octubre de 2015- ha permanecido inactivo y no ha logrado ningún avance en los tres únicos casos presentados para investigarse”.
Explicó que el Informe revela que 100 mujeres recluidas en prisiones federales afirmaron haber sufrido tortura u otros malos tratos, como algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio. De acuerdo a eso, “72 habían sido abusadas sexualmente durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 fueron violadas”.
“Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se abrió una investigación. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas indagatorias”, comentó.
Corichi García refirió que las mujeres de estratos marginados son las más vulnerables en la denominada “guerra contra el narcotráfico” de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por encarcelar a la gente y no por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles, y por carecer de ingresos económicos, es casi imposible que puedan defenderse debidamente.
Señaló que el Informe de Amnistía Internacional narra las historias sobre estas mujeres que sufrieron abusos que van desde tocamientos, manoseos y violaciones, hasta golpes, palizas y descargas eléctricas durante su arresto e interrogatorio.
Refleja la realidad de cientos de mujeres en el país que siguen sufriendo torturas; lo más grave es que están encerradas en alguna cárcel sin haber cometido ningún delito, y que después de años, aún no les resuelven su situación legal.
Agregó que entre 2010 y 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 7 mil 48 denuncias de tortura y otros malos tratos, y sólo emitió 62 recomendaciones. Además, no suele entregar a las víctimas una copia de su expediente ni asesorarlas sobre los resultados de las investigaciones.
Corichi García indicó que como legisladores y ante el debate del proyecto de Ley General sobre la Tortura, deben reformarse las disposiciones pertinentes para reforzar la norma de la inadmisibilidad, según la cual todas las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos deben ser excluidas de las actuaciones penales, excepto en las causas contra un presunto autor de esas conductas, como prueba de que se cometió la tortura.