Las encuestas y sondeos de opinión en contextos electorales son elementos informativos que al cumplir una función de interés público deben inscribirse en un marco de responsabilidad garantizado a través de controles jurídicos formales, expuso.
El senador del PAN recordó que en la reciente competencia electoral por la Presidencia de la República, el uso de las encuestas en medios de comunicación con propósitos editoriales provocó que la crítica política y social se enfocara en el empleo que se hizo de ellas y no propiamente en la calidad de los métodos empleados para su elaboración o en el grado de precisión de sus resultados.
En ese sentido, agregó, es imperativo que la elaboración y difusión de encuestas de opinión en materia electoral sean reguladas para dotar de mayor calidad la información que recibe el electorado.
La propuesta, indicó el legislador panista, plantea establecer que se podrán difundir y publicar encuestas hasta un día antes de la elección, y no tres días como indica la norma vigente.
En la exposición de motivos se establece la creación de un Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión, que “estará integrado por cinco especialistas en la materia, académicos o profesionales con amplia experiencia, quienes no deben haber ejercido actividad profesional realizando encuestas o sondeos de opinión en asuntos electorales en los tres años precedentes”.
Gil Zuarth señaló que la propuesta prevé reformar el artículo 237 del Cofipe para establecer que “quien solicite, ordene, convenga o contrate la difusión por cualquier medio, de encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar con anticipación a la difusión de los resultados, copia del estudio completo y la base de datos al Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión, a través del Secretario Ejecutivo del Instituto”.
Asimismo, se establece que con la difusión de los resultados de la encuesta o sondeo de opinión se deberá informar “los nombres de quien la haya pagado o donado, total o parcialmente; el de quien la haya realizado; de quien haya ordenado, contratado o convenido su difusión; la fecha, horarios y las zonas geográficas del levantamiento de la información; el tamaño de la muestra y características sociodemográficas de la población de estudio”.
También se contempla que se informe “el fraseo exacto que se utilizó para la obtención de los resultados publicados, la frecuencia de no respuesta y la tasa de rechazo a la entrevista; el margen de error de los resultados obtenidos; y si contiene estimaciones de resultados, modelo de probables votantes o cualquier parámetro que no consista en el mero cálculo de frecuencias relativas de las respuestas de la encuesta”.
La iniciativa prevé que “en el supuesto de que algún partido, precandidato, candidato, servidor público o dirigente partidario hubiere solicitado, ordenado, pagado o donado la elaboración de encuesta o sondeo de opinión, los medios que difundan sus resultados, de forma parcial o total, deberán señalar tal circunstancia, en el formato que determine el Comité Técnico y que garantice la máxima transparencia”.
Entre otras adiciones, también se modificaría el artículo 345 para establecer que constituirán infracciones al Cofipe “la difusión de encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos electorales con datos falsos”.
De aprobarse la reforma propuesta, se podrá evitar que los ciudadanos se vuelvan escépticos a las encuestas y se rehúsen a participar en sondeos de opinión futuros, provocando un mayor porcentaje de rechazo que desembocaría en resultados que no representan una toma confiable sobre la realidad, enfatizó Gil Zuarth.
También se evitará, dijo, que se difundan encuestas electorales sesgadas que crean en el electorado una impresión falsa de la realidad, así como que se difundan encuestas con propósitos de propaganda electoral, ya sea por su fuente de financiamiento o por una relación de hecho o de derecho que motive su levantamiento o difusión.