En la sesión de este miércoles, los diputados priistas Arturo Zamora Jiménez y Josué Valdés Huezo presentaron la enmienda que por primera vez plantea en México sancionar con multas, suspensión de actividades, decomiso y disolución a las empresas y no sólo a sus accionistas, dueños o gerentes.
En tribuna, el diputado federal Arturo Zamora Jiménez presentó la propuesta de reformas al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales en materia de responsabilidad de las personas morales.
Con esta reforma, las personas morales serán penalmente responsables de los delitos cometidos por cuenta o a nombre de las mismas, por sus agentes, representantes legales, administradores, socios o accionistas, y se excluye de dichas sanciones a las personas morales de naturaleza pública, sindicatos, asociaciones religiosas o partidos políticos.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Jalisco indicó que la responsabilidad penal de las personas morales no excluye la de las personas físicas por los actos o hechos delictuosos realizados por cuenta o a nombre de aquellas.
Indicó que la responsabilidad penal de las personas morales sólo procederá respecto de los siguientes delitos: contra la salud; acceso ilícito a sistemas y equipos de informática; revelación de secretos; delitos cometidos por servidores públicos.
Asimismo, continuó, por los delitos cometidos contra las personas en su patrimonio, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como contra el ambiente y la gestión ambiental.
Valdés Huezo explicó que esta propuesta es la primera en su tipo en México y con ella se pretende que las empresas o personas morales respondan penalmente cuando incurran en delitos como el “lavado” de dinero, o causen daño patrimonial a alguna persona o comunidad.
Refirió que países como Francia, Japón, Estados Unidos y recientemente España ya cuentan con sanciones penales para las empresas o personales morales que incurren en delitos graves y que en el pasado quedaban impunes, porque sólo se sancionaba a los administradores y las compañías continuaban operando sin restricciones o penalidades.