Con una escalada de violencia e inseguridad que en los últimos 13 años ha dejado más de 200,000 muertos y 40,000 desaparecidos, aunado a un registro de múltiples feminicidios y asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos y ambientalistas, la tarea de Piedra Ibarra resultará compleja.
En su primera conferencia de prensa, tras nueve días de que rindió protesta en medio de una trifulca en el Senado mexicano, habló de su controvertida elección y anunció una reforma al órgano y un ambicioso plan de trabajo.
Con una gran fotografía colgada al cuello de su hermano, Jesús Piedra, un caso emblemático de desaparición forzada en 1974, la nueva ombudsperson nacional dijo que defenderá los derechos humanos "de la mano del pueblo, con la gente".
"Soy una víctima y sé lo difícil que es luchar por la justicia", apuntó.
Aseguró que cuenta con el respaldo de todos los colectivos, asociaciones civiles y organizaciones "sino es de todos, si de muchos de ellos que han luchado durante muchos años porque se respeten sus derechos humanos y haya justicia".
"Necesitamos fortalecer los mecanismos de atención de las mujeres, de los periodistas y de defensores de derechos, de los migrantes, de los pueblos y comunidades indígenas. Necesitamos ir más allá del trabajo de gabinete", apuntó.
En su plan de diez acciones también está abatir el rezago en la atención de casos, combatir la impunidad y fortalecer la figura de los visitadores, entre otros.
Además, y en la línea del Gobierno federal, anunció un plan de austeridad y la optimización de recursos que supondrá un recorte de gastos de alrededor del 30 %.
En su nueva tarea, la también hija de la defensora de Derechos Humanos, Rosario Ibarra de Piedra, tendrá que lidiar con emblemáticos casos que exigen la intervención de la CNDH como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
SOBRE SU POLÉMICA DESIGNACIÓN
Sobre su designación, Piedra Ibarra dijo que evitaría el debate mediático.
"No he mentido, cumplí con todos los requisitos que la ley exigía para aspirar al cargo que ocupo y mi elección fue absolutamente legal", expuso.
Dijo que respeta a quienes disienten de su nombramiento y esperará las resoluciones de los recursos de apelación a su nombramiento.
El 7 de noviembre, el Senado mexicano eligió con los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada.
Sin embargo, la oposición denunció la desaparición de dos votos durante el recuento y denunció la militancia y cercanía de Piedra Ibarra con el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Además, la titular de la CNDH desató otra polémica cuando declaró no saber si han asesinado a periodistas en México, donde han matado a al menos 10 reporteros en lo que va de año debido a su labor profesional, según la ONG Artículo 19.
Finalmente, Piedra Ibarra asumió el cargo el 12 de noviembre en un acto polémico en el que el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y Morena protagonizaron una trifulca en la sede del Senado.
Tras la elección, el PAN denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que hubo fraude.
Además, a inicios de esta semana hubo 10 gobernadores del PAN que aseguraron que no atenderán las recomendaciones de la CNDH.
Sobre esto, Piedra Ibarra dijo que la ley se tiene que cumplir y que el trabajo del anterior titular de la CNDH "era hacer recomendaciones y quien quería las acataba".
"No se trata de que guste quién esté al frente de la CNDH, la ley se tiene que acatar y vamos a buscar los mecanismo legales para que esos funcionarios otorguen justicia a quien la demande", apuntó.
Adicionalmente, varias organizaciones civiles han considerado que Piedra Ibarra no es independiente y la han acusado de estar "al servicio" del Ejecutivo, invitándola a renunciar por "razonas éticas".
De hecho, existe una petición en la plataforma Change.org, para que renuncie Piedra Ibarra, que acumula 6.325 rúbricas.
Según datos oficiales, desde el mandato del presidente Felipe Calderón (2006-2012) la estrategia contra el narcotráfico, que fue continuada por su sucesor Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha dejado más de 200.000 muertos y más de 40.000 desaparecidos.
La ola de violencia ha continuado hasta la actualidad con el mandato de Andrés Manuel López Obrador, pues de enero a octubre se registraron 28.741 asesinatos, según cifra oficiales divulgadas este miércoles.