Argumentó que una vez enterada la Cámara de Diputados por las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Economía (SE) y Gobernación (Segob) de que no hay petición de permiso alguno para talar semejante cantidad de vegetación ni para ingresar inversión extranjera a fin de financiar el proyecto, queda claro que lo hecho al momento violenta la ley.
Recordó que debido a la preocupación generada por este proyecto en diversos sectores sociales, económicos y ecologistas, entre otros, por sus eventuales impactos en la industria, el comercio, la vegetación y la fauna, la Cámara de Diputados solicitó información a las secretarías mencionadas, así como a los gobiernos estatal y municipal para determinar si cumplía con la legalidad.
Sin embargo, aún antes de obtenerse las autorizaciones, los promotores del proyecto iniciaron el desmonte de 561 hectáreas hace aproximadamente dos años, resultado de lo cual fue la destrucción de tres cuartas partes del predio, con la consecuente afectación a las especies animales y vegetales de la zona, así como al medio ambiente en general.
Tal afectación se dio porque el único que lo permitió fue el Gobierno de Quintana Roo, mismo que a la fecha también es el único omiso en entregar la información solicitada por esta legislatura.
Por lo mismo, desde hace varios meses se presentaron denuncias y solicitudes de intervención a la Profepa, instancia que presuntamente ya realizó su investigación de campo, no obstante lo cual no ha entregado la información correspondiente.
Para la diputada Saldaña Fraire es claro que se cometió una ilegalidad y debe haber sanción para los involucrados.
Confió en que la Cámara de Diputados continuará atenta y dará seguimiento a este proyecto, como lo ha hecho responsablemente al momento, aún si sus promotores desean llevarlo a cabo con modificaciones.
También agradeció a esta legislatura, en particular a sus Comisiones de Equidad y Género, y de Derechos Humanos su intervención para detener las agresiones de las que ella; la diputada Alicia Ricalde Magaña y Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa de Tulum, han sido objeto por parte del gobierno estatal y su partido por cuestionar la legalidad de Dragón Mart Cancún.
Al respecto, refirió que estas Comisiones aprobaron un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en el cual rechazan estos actos de violencia y discriminación emprendidos en su contra a través de medios de comunicación públicos y privados de esa entidad.
Varios de esos medios --puntualizó la legisladora-- son particularmente agresivos en el contexto de los señalamientos sobre la ilegalidad de Dragón Mart Cancún y han incurrido, incluso, a los ataques y descalificaciones personales.
Así, han dicho de ella y sus compañeras que “están fuera de sus cabales”, “están dementes”, “se reunieron en una noche de brujas” y cosas por el estilo.
“No puede haber tal falta de respeto. Aquí hacemos un trabajo que es honrado y está bajo el escrutinio de todos. Nosotros seguiremos pendientes de este proyecto. Si sus promotores quieren hacer algo nuevo, tendrá que ser con todos los procedimientos que se requieren”, señaló.
Por lo pronto, numerosos sectores económicos, sociales, políticos, académicos y ecologistas de la entidad y del país rechazan este proyecto y así lo hicieron saber los quintanarroenses al gobierno municipal de Benito Juárez en la consulta que recién hizo al respecto para apoyar su respuesta a la solicitud de permisos presentada por los promotores del proyecto a dicho nivel de gobierno.