Al comentar las medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo para proteger a comunicadores y defensores de derechos humanos, Velázquez Valdez expresó que “haber cambiado recientemente al titular de la Feadle no garantiza su buen funcionamiento”.
Frente a la actual realidad de los periodistas en México, añadió, “no sirven de nada los minutos de silencio a los periodistas asesinados ni a sus familias. Lo que se requiere es un cambio legislativo integral del sistema de protección a periodistas”, estableció la presidenta de la Comisión Especial de seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, de la Cámara de Diputados.
“El presidente Peña Nieto dice que su gobierno se caracteriza por el respeto a la libertad de expresión; entonces, ¿por qué el 99.7 por ciento de las agresiones a periodistas están impunes, y también por qué dejó sin recursos económicos al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el ejercicio fiscal de 2017?”.
La legisladora por el estado de Nuevo León dijo que el problema con los gobiernos estatales es que no hay una distribución de competencias para la adecuada protección de los periodistas.
Apuntó que “la demagogia del gobierno federal y las condenas enérgicas no sirven para que los crímenes contra la libertad de expresión cesen en México y, más aún, alimentan la percepción de impunidad que prevalece”.
Brenda Velázquez subrayó que “no nos sirve su indignación y tampoco sus condolencias. El gobierno está para administrar los bienes del Estado, impartir justicia y velar por la seguridad pública, y por ello exigimos que haga uso de sus facultades constitucionales y legales para garantizar la vida, seguridad e integridad de los periodistas en México”.
La diputada de Acción Nacional hizo ver también que las autoridades gubernamentales “hablan de democracia plena, cuando en México la voz y la vida de los periodistas –sostuvo- es apagada, en un 80 por ciento, por funcionarios públicos”.
Consideró que el homicidio de periodistas es síntoma del “fenómeno mayor de impunidad” que prevalece en todo el país, en gran medida por el caso omiso de las autoridades competentes como la secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República. “Tuvieron que asesinar a casi una decena de periodistas en menos de un año para que el gobierno de la República reaccionara”, comentó.
Hizo ver que en este asunto no solo se deberán esclarecer los crímenes que, dicha sea de paso, es obligación del Estado, y castigar a los culpables, que es “lo mínimo que podemos esperar los ciudadanos”, sino que la tarea del gobierno pasa por garantizar las condiciones para que los periodistas puedan desempeñar su labor con libertad.