Proponen prisión preventiva oficiosa para delitos de tortura y desaparición forzada

El senador Ángel Benjamín Robles Montoya, a través de una iniciativa, propuso reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura para incluir los delitos de tortura y desaparición forzada entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Retoma el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que reporta que la práctica de la tortura es generalizada y la mayoría de los casos quedan impunes; y agrega que es utilizada para obtener confesiones, lo mismo por fuerzas de seguridad que por autoridades ministeriales.

Dicho informe precisa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado un aumento en las quejas por tortura desde 2007 y, tan sólo entre diciembre de 2012 y julio de 2014, recibió mil 148 quejas relacionadas con la actuación de las Fuerzas Armadas.

El senador del Partido de la Revolución Democrática advirtió que en el nuevo esquema del sistema acusatorio, únicamente serán motivo de prisión preventiva oficiosa aquéllos delitos que se consideren graves por virtud del bien jurídico tutelado y el daño causado.

“Por tal razón, resulta inconcebible que dos delitos de gran relevancia e impacto hayan quedado excluidos del catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, como son la tortura y la desaparición forzada”, expresó.

Indicó que la prisión preventiva oficiosa procederá en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y se dispuso la posibilidad de que los legisladores estableciera en las leyes otros delitos graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Por tal motivo esta omisión no es menor, pues se trata de dos delitos que lastiman a nuestro país de manera significativa, puntualizó.

La propuesta se envió a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.