En el documento se destaca que la educación penitenciaria enfrenta problemas derivados del bajo interés de los internos, la carencia de materiales pedagógicos, inadecuadas e insuficientes instalaciones educativas y escaso personal docente.
Argumenta que otro factor adverso es la falta de apoyo por parte de las autoridades hacia las actividades educativas, ya que existe un marcado retraso en los trámites de certificación de estudios con el Instituto Nacional de Enseñanza Abierta.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, subraya que las autoridades gubernamentales deben, de forma obligatoria, crear la estructura necesaria -recursos materiales y humanos-, para que las y los internos de las prisiones del país cursen la educación primaria, secundaria y el nivel medio superior.
Señala que con ello se lograría un ejercicio basado en la necesidad de producir dentro de la prisión condiciones similares a las de la vida en libertad.
Establece que para lograr una verdadera readaptación social es imprescindible que los planes y programas de estudios se hagan extensivos hacia los centros de reclusión, pero en un sentido de obligatoriedad para el Estado.
Es decir, que exista, vía constitucional, el compromiso de los tres órdenes de gobierno para impartir educación en las cárceles, en los términos y condiciones que se imparten en las instituciones educativas a las que asisten las personas que no están privadas de la libertad.
En el documento se plantea que para garantizar un trato acorde con la dignidad de las personas, es necesario reconocer a quienes conforman una población tan heterogénea en un contexto por demás complejo.
Refiere que es primordial reconocer que los presos no son esencialmente distintos de cualquier persona y como cualquier persona libre necesitan el factor educativo como forma de lograr su desarrollo personal y familiar.
Abunda que la iniciativa tiene como objetivo hacer efectiva la educación, aunada al trabajo, la capacitación, el deporte, la salud y el respeto de los derechos humanos, para que los reclusos se conviertan en ciudadanos útiles a la sociedad, respetuosos de la ley y del orden comunitario.
