Reciben diputados minuta para que integrantes de Fuerzas Armadas puedan ser juzgados en tribunales civiles

El Pleno camaral conoció la minuta del Senado de la República para permitir que los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan un delito contra ciudadanos puedan ser juzgados en tribunales civiles, la cual se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

El documento que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de los códigos de Justicia Militar y Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciado, crea además las figuras del Juez de Ejecución de Sentencias y de Policía Ministerial Militar.

Precisa que los delitos del orden común o federal que sean realizados por militares en servicio o con motivo de actos del mismo, en tiempo de guerra, en territorio declarado en ley marcial o cualquiera de los supuestos previstos en la Constitución, serán juzgados por la justicia civil.

Cuando de la investigación se desprenda que un delito no atenta contra la disciplina militar, inmediatamente el Ministerio Público Militar (MPM) deberá remitir la indagatoria a la autoridad civil que corresponda, absteniéndose de ordenar ulteriores actuaciones, sin perjuicio de seguir actuando en la investigación de otros delitos.

Establece que la Policía Ministerial Militar (PMM) actuará bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de los hechos, y por ningún motivo podrá realizar, de propia autoridad, investigación sobre personas, manipulación y práctica de peritajes sobre los objetos asegurados.

Entre otras modificaciones, se faculta al Ministerio Público para que, al investigar delitos contra la disciplina militar, pueda solicitar la práctica de un cateo, para lo cual deberá acudir al juez militar o al orden federal o común.

La minuta moderniza y armoniza el Código de Justicia Militar, bajo las sugerencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la sociedad civil. Además, son trascendentes para armonizar la legislación en materia de justicia penal a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.