La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute la constitucionalidad de la figura del arraigo en casos de delitos graves, hasta por un plazo de 40 días, disposición regulada en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales.
“Ha habido abuso del recurso…tiene que prevalecer, pero tenemos que garantizar que los arraigados tengan sus derechos a salvo”, señaló Arroyo Vieyra en declaraciones a la prensa.
Sostuvo que este tema, junto con el de testigos protegidos, se tiene que revisar con un contexto de protección a las garantías individuales.
“Creo que también tenemos que revisar el asunto de testigos protegidos, que más que testigos protegidos han sido perniciosos para los derechos humanos de algunos de los arraigados”, aseveró.
El legislador priista manifestó que los ministros de la SCJN se desempeñan con prudencia y “saben que debe buscarse el sano equilibrio entre los requerimientos que la autoridad necesita para hacer valer la ley y los derechos humanos”.
