Repudian diputados priístas, declaraciones discriminatorias de la Secretaria de Educación de Quintana Roo

El día de hoy fue presentado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo en la que legisladores del PRI manifiestan su repudio absoluto a las declaraciones vertidas el pasado 4 de mayo por la Secretaria de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Quintana Roo, Marisol Alamilla Betancourt, en las que afirmó que “lo que menos queremos nosotros en el Estado es tener niños en estas condiciones (educativas especiales), el sector salud se encarga de eso, cada día vamos a tener menos… lo que más queremos es que no existan, porque lo ideal es tener un “niño bien”, en buenas condiciones cognitivas”, dijo.

Al respecto, el legislador proponente del exhorto, Armando Luna Canales, quien también preside la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, argumentó que las declaraciones de la funcionaria estatal lejos de destacar el igual valor y dignidad que ante la Ley y ante la sociedad debieran tener este sector poblacional, lo que hacen es discriminar a las personas con necesidades especiales, lo cual es doblemente reprochable por tratarse de comentarios vertidos por la encargada de una secretaria de Estado encargada de una misión trascendental como lo es la educación.

De aprobarse el punto de acuerdo presentado, se estaría exhortando a distintas autoridades como lo son el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Educación Pública federal y al gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, para que desde su ámbito realicen las medidas necesarias para sancionar dichas declaraciones que constituyen actos discriminatorios y evitar que los vuelva a realizar en el futuro. Asimismo, para que el gobernador de la entidad evalúe la idoneidad de la funcionaria en el desempeño de su cargo.

Finalmente, en la proposición se destaca que conforme a la Constitución mexicana, es obligación de todas las autoridades promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos de las todas las personas, por lo que, en ese sentido, declaraciones como las expresadas por Alamilla Betancourt no pueden tener cabida y son mayormente condenables.