En reunión de trabajo, el legislador dijo que de acuerdo con el trámite que se le dio al proyecto en diciembre pasado, el paso siguiente sería su discusión en el Pleno del Senado, pero distintos senadores han registrado aportaciones y sugerencias para modificar el dictamen en tres temas fundamentales: la composición de la Asamblea, las competencias de las alcaldías y el régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados.
Burgos García entregó un documento en donde se registran las sugerencias sobres estos tres temas y los ajustes normales de forma, referencias, nombres y denominaciones. Además, destacó que en caso de que fuese aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción repercutiría en la reforma política del Distrito Federal, “por eso las perspectivas de modificación”.
De acuerdo con el cuadro comparativo, que se entregó a integrantes de las comisiones dictaminadoras, se propone una sola Asamblea con funciones ordinarias y como órgano constituyente, encargado de aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México.
También se plantea en el artículo décimo séptimo transitorio que las alcaldías tengan al menos las atribuciones que han ejercido las jefaturas delegacionales en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
Del mismo modo, se sugiere suprimir el párrafo del artículo 123, que menciona que las relaciones entre los organismos constitucionales autónomos y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el presente apartado y que el régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados será determinado por la ley que lo rija.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza dijo que para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional “es crucial el tema de la Asamblea Constituyente específica para realizar la Constitución Política de la ciudad de México”.
Agregó que para beneficiar a los ciudadanos también es fundamental fortalecer las facultades de las alcaldías, así como democratizar a la Asamblea Legislativa, tal y como funcionan la Cámara de Diputados y el Senado de la República, a fin de que sus órganos de gobierno sean dirigidos por los diferentes partidos políticos.
“Si hacemos una reforma política como nos la pide el jefe de gobierno --hoy del PRD, mañana de cualquier otro partido político-- pues no va a beneficiar a los ciudadanos”. “Pensemos que la reforma política que construyamos en el Senado sea una reforma con la que puedan sentirse orgullosos e involucrados los capitalinos”, manifestó.
Por el Partido de la Revolución Democrática, el senador Armando Ríos Piter consideró que el documento que se entregó con las propuestas de modificación “nos permite ser optimistas en que en las próximas semanas ya tengamos una votación sobre este tema”.
Señaló que la reforma se ha trabajo durante dos años en esta Legislatura y “con gran frustración nos ha tocado ver, en dos ocasiones, que por una condición meramente caprichosa no ha salido y nos hemos quedado al final del camino, en dos periodos de sesiones, con esta votación pendiente”.
Consideró que se han dado excusas de distinta naturaleza en el último minuto para evitar una votación que para los ciudadanos de la capital es trascedente e importante. “Ya hay puntos muy finos que han permitido un avance sustantivo” y esperamos destrabar el tema, dijo.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, solicitó precisar el orden de desahogo de los temas que tienen que dictaminar las comisiones, con el propósito de revisar las posibles contradicciones, por ejemplo, con el Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata, agregó, de “no chocar y estar en la misma sintonía”.
La senadora María del Pilar Ortega Martínez, del PAN, coincidió en que “es importante fijar la agenda de qué va ser aprobado primero y qué después”, porque si es avalado en primer lugar el proyecto anticorrupción, obviamente los cambios al artículo 122 tendrán repercusiones sobre la reforma política de la ciudad de México y tendrán que hacerse adecuaciones.
“Creo que es importante que también esto lo valoremos con los grupos parlamentarios para que en las propuestas que hagamos también tomemos en cuenta estas posibles contradicciones”, expresó.
El senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, afirmó que de inicio la reforma política fue un acuerdo entre el jefe de gobierno y el Presidente de la República, que se discutió, se aprobó en comisiones y se le dio la primera lectura, pero que no se logró y “vamos a regresar al mismo jaloneo”.
Consideró como una “aberración” cambiarle al nombre a los estados de la República, como se propone en el proyecto, pues se les define como entidades con una connotación administrativa sólo para acomodar nomenclaturas.