Así lo confirmaron a Efe fuentes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que mantiene una batalla legal con el Gobierno para frenar las obras de esta infraestructura.
En la audiencia celebrada hoy, el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México decidió por unanimidad levantar la suspensión tras estudiar un recurso presentado por el Ejecutivo federal.
Con esta resolución, ya no existe orden judicial que impida al proyecto seguir adelante, aunque desde MCCI advirtieron que seguirán "litigando los asuntos hasta el fondo" para impedir que la base militar de Santa Lucía se convierta en un aeropuerto civil.
El colectivo #NoMásDerroches, conformado por varias organizaciones sociales como MCCI y despachos de abogados, impulsó estos recursos al considerar que el nuevo aeropuerto supone un mal uso de recursos públicos y es dañino para el medioambiente.
López Obrador denunció en agosto que la oposición había emprendido un "sabotaje legal" contra el nuevo aeropuerto de Santa Lucía mediante un centenar de amparos judiciales que buscaban frenar su construcción, los cuales ya han sido todos anulados.
"Es un asunto más que nada político, no jurídico, es el interés de detenernos y de hacernos quedar mal", expresó López Obrador, quien reveló que los servicios jurídicos del Gobierno ya están trabajando en este asunto.
Además, denunció que los opositores al proyecto del aeropuerto "intentan afectar el desarrollo del país", pues es necesario "resolver el problema de saturación del actual aeropuerto" de Ciudad de México.
Con base en una polémica consulta ciudadana realizada en octubre de 2018, López Obrador decidió cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) -que llevaba un 30 % de avance en el municipio de Texcoco- y transformar la base militar de Santa Lucía en aeródromo civil, alegando que sería menos costoso y más respetuoso con el medioambiente.
El NAIM era la gran obra pública del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), pero según López Obrador era una infraestructura que ejemplificaba la corrupción en México por su opaco esquema de financiación.