En el dictamen, avalado con 93 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, se deja en claro que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse ante el Senado para rendir un informe del avance del programa, a los seis meses de la entrada en vigor del decreto.
Los senadores modificaron el artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de alcanzar la meta de evaluar al 100 por ciento del personal de las corporaciones y concretar los esfuerzos para depurarlas y fortalecerlas.
Consideraron que el nuevo plazo “es el tiempo estrictamente necesario para consolidar la inversión realizada en los centros de evaluación y control de confianza” y asegurar a la sociedad que cuenta con personas profesionales y confiables que cuidan de su seguridad.
De acuerdo con la Ley vigente, los elementos que no están certificados para el próximo 3 de enero deberán ser separados del servicio, por lo que de no hacer la reforma sería necesario retirar tanto a los que no hayan sido evaluados como a los que obtuvieron resultado de no aprobado.
Esto, advirtieron los legisladores, redundaría en una fuerza pública debilitada, que lejos de otorgar una mayor seguridad a la sociedad, crearía un efecto contrario.
Además, enfatizaron, separar a los elementos no evaluados “representa alrededor de cien mil integrantes de las instituciones de seguridad pública con la habilidad en el manejo de armas de fuego”.
En el dictamen se explica que en los ámbitos estatal, municipal y del Distrito Federal, el seguimiento inició de manera mensual para los programas de permanencia y nuevo ingreso en enero de 2010, por lo que al 31 de octubre de 2012, 293 mil 632 elementos de 426 mil 349 fueron evaluados de manera integral.
En este sentido, se estima que al final de este mes se logrará a nivel nacional un avance de tan sólo del 84 por ciento, “dado que el 59 por ciento de las entidades federativas todavía no han logrado lo estipulado en el artículo Tercero Transitorio de la Ley”.
Según el documento aprobado, el nuevo plazo contará a partir de la entrada en vigor del decreto.
Al presentar la propuesta, el senador Omar Fayad Meneses, titular de la Comisión de Seguridad Pública, aclaró que la ampliación del plazo “no implica que se va relevar a nadie de tan importante compromiso”.
Tampoco, agregó, “implica, de ninguna manera, que los cuerpos de seguridad pública no cumplan con la obligación que establece la Ley”, pero sí representa “un respiro, en virtud de que el esfuerzo que se ha hecho en esta materia es enorme”.
Dijo que en los últimos cuatro años se han tenido que establecer los centros de control y confianza que no existían en las entidades federativas.
“De tal suerte --resaltó el legislador priista-- que hay mejores condiciones para poder implementar esta certificación” y por eso se amplía el plazo para que se cumpla con lo mandatado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y “con lo que todos lo mexicanos esperamos para nuestros cuerpos de seguridad”.
Por Acción Nacional, el senador Fernando Yunes Márquez se pronunció a favor del dictamen, pero, advirtió, la reforma es una respuesta a la “falta de responsabilidad y compromiso de casi todas las entidades federativas con el problema de la inseguridad y corrupción que vive nuestro país”.
Señaló que los gobernadores “tuvieron cuatro años para cumplir con una meta establecida por ellos mismos”, por lo que “se les dará una última y única oportunidad de cumplir, no con una meta sino de cumplirle a los ciudadanos de sus estados”.
La gran mayoría los mandatarios estatales, dijo, ya habían asumido un compromiso de corresponsabilidad en la certificación de policías “y solamente un 20 por ciento de las 32 entidades federativas cuentan con un gobierno electo este año, por lo que el otro 80 por ciento faltó en su momento a lo pactado en el acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad”.
Por el PRD, el senador Rabindranath Salazar Solorio calificó de lamentable que el problema de la falta de evaluación de elementos policiacos se esté dando con mucho más dificultad y lentitud en los municipios.
Resaltó que en hay ayuntamientos donde el 80 por ciento de los elementos de seguridad pública reprueban los exámenes de control y confianza y “en muchas ocasiones son llamados a las filas de delincuencia”.
Por ello, es indispensable unificar criterios y transparentar las evaluaciones porque hay datos disímbolos y así como al mes de octubre había estados como Campeche que reportaban sólo dos policías reprobados otros como Guanajuato informan de mil 800 reprobados.