El legislador del Partido del Trabajo explicó que los métodos vigentes de elección de los ministros de la Suprema Corte y de los magistrados del Tribunal Electoral trastocan el principio de división de poderes, pues con ellos el Presidente de la República determina en su beneficio la actuación del Poder Judicial en los asuntos fundamentales para el país.
Indicó que los procedimientos de designación actuales significan una concentración desmedida del poder público en las manos del titular del Ejecutivo federal, lo que constituye “el inicio de la corrupción política existente en el país y la base de la oligarquía que gobierna a favor de los intereses del status quo”.
Explicó que el proceso establecido actualmente en la Carta Magna permite que el Presidente confeccione las ternas para elegir a los ministros, en donde nadie más puede intervenir en la designación; y si el Senado no resuelve entre los propuestos o rechaza las ternas, el Ejecutivo termina definiendo entre los integrantes de la terna quién será el nuevo ministro.
Dicho método --subrayó-- condiciona la independencia de todo el Poder Judicial, porque el Presidente escoge las ternas con abogados cercanos a su esfera de intereses, deseos y predilecciones.
Ello, dijo, significa que el origen de los titulares del Poder Judicial de la Federación esté en la voluntad presidencial, lo que impide y limita la labor de control y vigilancia, además de que es una consecuencia de que no exista el Estado de derecho en México.
“Lo señalado aquí no es una especulación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha plegado sistemáticamente a la voluntad del Presidente de la República cuando están en juego cuestiones fundamentales para la Presidencia”, insistió.
Por ello, planteó que los ministros y magistrados resulten de la elección directa de los ciudadanos, a propuesta de universidades y organizaciones no gubernamentales, y que el Instituto Nacional Electoral organice el proceso respectivo.
Todos los aspirantes deberán aplicarán un examen general de conocimientos ante la autoridad electoral nacional y los cinco que obtengan la calificación más alta serán los candidatos a elegir por la ciudadanía. Asimismo, sugirió que los candidatos tengan derecho a tiempos del Estado en los medios de comunicación electrónica para exponer sus propuestas y programa de trabajo.
Bartlett Díaz consideró necesario un nuevo método y procedimiento para designar a los ministros y magistrados de dichos órganos, pues es imprescindible que en México prevalezca el principio de división de poderes, para contar con un Estado de Derecho y una Constitución.
Se requiere democratizar al Poder Judicial --agregó-- porque no puede estar en manos de once personas que no han sido electas popularmente, que no rinden cuentas ante nadie y que al final deben todo a una persona de la que son sus delegados.
La iniciativa se remitió a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictaminación correspondiente.