Su implementación, continuó, requerirá de tiempo al igual que la generación de resultados; en tanto esto sucede, dijo, el Ejecutivo ha instruido a la Secretaría de la Función Pública a reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría, y a vigilar que los servidores públicos se apeguen a la ley.
“La creación del Sistema Nacional Anticorrupción abre la posibilidad de tener un gobierno más honesto y de mayor calidad, por lo que se requieren de acciones decididas y una articulación de esfuerzos, así como la colaboración entre el gobierno y la sociedad”, subrayó.
Este modelo permitirá una mayor coordinación y fortalecimiento de acciones y resultados de instancias responsables en la materia, así como la articulación entre ellas.
Detalló que la transparencia y rendición de cuentas contribuyen a inhibir el ejercicio inadecuado del gobierno y reducir la opacidad en el manejo de las finanzas públicas, por lo que este sistema permitirá que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presente denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y reestablecer a la Secretaría de la Función Pública al instaurar mecanismos más efectivos de coordinación con la administración pública federal y estatal.
En su participación, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN) precisó que la importancia de crear el sistema anticorrupción obedeció a que las instituciones enfocadas en la rendición de cuentas, transparencia y fiscalización trabajaban de manera independiente y desarticulada, por lo que era necesario corregir esas deficiencias.
La también integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción precisó que tan sólo en el 2011, la ASF presentó alrededor de 2 mil 470 expedientes de responsabilidades, de los cuales sólo 64 se atendieron con amonestaciones o sanciones menores y cuatro inhabilitaciones, cuando este órgano le cuesta al país 2 mil millones de pesos.
Lo mismo sucedía con la Secretaría de la Función Pública, enfatizó, la cual atendía faltas administrativas, pero en caso de delitos daba vista a la Procuraduría General de la República. “Esto significa que hay una gran ineficiencia en las facultades y procedimientos para lograr resultados efectivos, lo que genera una gran impunidad y un incentivo para actos de corrupción”, estimó.
Ante ello, recalcó, el sistema anticorrupción le quita la facultad de sancionar faltas graves a la Secretaría de la Función Pública, para que sólo se concentre en ser el órgano de control interno del gobierno y sea responsable de implementar todos los programas de prevención.
Detalló que este sistema también tendrá la facultad de crear una inteligencia institucional, es decir, informará de aquellas áreas en las instituciones que propicien actos de corrupción, opacidad o toma de decisiones discrecionales.
Asimismo, añadió, se ampliarán las facultades de la ASF, a fin de que pueda investigar no sólo cuentas públicas anteriores, sino las que se estén ejerciendo actualmente, lo que permitirá hacer una denuncia en tiempo real; asumirá responsabilidad en las participaciones federales, es decir, tendrá acceso al 92 por ciento de los recursos que tienen los estados y municipios, mientras que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa será el responsable de sancionar las faltas administrativas graves.
Previo a clausurar el evento, Juan Ernesto Pardinas Carpizo, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), subrayó que así como a generaciones de finales del siglo XX correspondió la construcción de instituciones que garantizaran el pluralismo político, el reto de las actuales es construir instancias que “echen abajo la imagen de México como país corrupto”.
“Lo que ha pasado en los últimos meses hace más urgente el empeño por crear un Sistema Nacional Anticorrupción, recuperar la confianza en las instituciones públicas y redignificar a la política, pues existe un abismo entre ésta y los ciudadanos, y eso nada bueno puede dejar a nuestra sociedad”, afirmó.
Pardinas Carpizo calificó como un “hecho histórico” la reciente aprobación de la reforma en esta materia, pues manda una señal muy importante de avance a los mexicanos; sin embargo, indicó que se debe reconocer que aún se están dando los primeros pasos en este nuevo andamiaje institucional. Si bien cambiará muchas cosas, dijo, también planteará otras que se deben atender.
Así, por ejemplo, el nuevo sistema debe matizarse con la situación del aparato electoral, “donde es el dinero y no el voto de los ciudadanos lo que determina quién acaba ejerciendo el poder político y si no se cierra esta ‘llave’, el sistema se va a quedar corto ante el verdadero tamaño del problema”, advirtió.
