Draghi recibió el 3 de febrero el encargo por parte del jefe del Estado de intentar aunar una mayoría para dirigir el país y desde entonces ha mantenido dos rondas de consultas con los partidos.
Este miércoles el exgobernador del Banco de Italia ha escuchado a los agentes sociales, que le han transmitido sus principales preocupaciones en materia de empleo, fiscalidad, transición ecológica, digitalización y crecimiento.
PRÓRROGA DE LOS ERTE Y DE LA PROHIBICIÓN DE DESPIDOS
Los tres principales sindicatos del país, CGIL, CISL y UIL, han reivindicado la necesidad de que Draghi, si llega a ser primer ministro, prorrogue lo que en Italia se llama sistema "caja de integración", que es similar a los expedientes de regulación temporal de empleo, y la prohibición de despedir por motivos económicos, dos medidas que vencen el 31 de marzo.
Las tres organizaciones opinan que se deben extender el tiempo que dure la pandemia y hasta que se complete una reforma de los mecanismos de protección social, para que haya un sistema universal que cubra a todos los trabajadores, ya que actualmente el país tiene algunos sectores que no están protegidos.
Esto ha obligado al Gobierno italiano a aprobar subsidios temporales dirigidos a estos sectores y trabajadores no cubiertos, como los autónomos, que han podido disponer de estos instrumentos puntuales durante los meses más duros de la pandemia.
"Al menos durante la fase de emergencia es cierto que hay que apoyar a las empresas, pero también prorrogar la "caja de integración" y la prohibición de los despidos. No se trata de aplazamientos 'sine díe'", ha destacado la secretaria general del sindicato CISL, Annamaria Furlan.
Si esto no sucede, existe el riesgo de que Italia "se encuentre con cientos de miles de parados en una situación social que sería verdaderamente ingestionable".
El secretario general de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), Maurizio Landini, ha subrayado que se ha hablado de "pensiones, fiscalidad, empleo, reforma de la administración pública y el relanzamiento de las inversiones públicas y privadas", pero también de los 209.000 millones de euros que Italia puede recibir del Fondo europeo de Recuperación y que, en su opinión, tienen que servir sobre todo para "fomentar el empleo".
El Gobierno italiano elaboró un primer borrador con siete áreas clave de inversión para utilizar estas ayudas, pero aún tiene que presentar a la Comisión Europea un plan detallado con reformas, tiempos y objetivos.
El Parlamento Europeo aprobó este miércoles las normas para acceder y gastar el fondo de recuperación, que los países recibirán en los próximos meses.
APOYO A LAS EMPRESAS Y CONTENCIÓN DE LA DEUDA
La preocupación por el empleo es compartida también por la patronal de empresarios Confindustria, pero su presidente, Carlo Bonomi, ha reiterado que la prohibición de los despidos y la prolongación de los expedientes temporales de empleo no puede extenderse a todos los sectores de forma indiscriminada, como dicen los sindicatos, sino solo a los más penalizados y siempre con un horizonte temporal claro.
Este miércoles Bonomi dio su respaldo total al eventual gobierno de Draghi y apostó por una "gran alianza público-privada para multiplicar las inversiones y concentrarlas donde sean más útiles para la recuperación del país".
También han abordado la sostenibilidad de finanzas públicas, para controlar la elevada deuda que supera ya el 160 % del producto interior bruto (PIB) por los paquetes de estímulo por valor de 100,000 millones de euros que Roma ha tenido que aprobar durante la pandemia.
LA BANCA ESTÁ PREOCUPADA POR LOS CRÉDITOS MOROSOS
El presidente de la Asociación Bancaria Italiana (ABI), Antonio Patuelli, ha puesto el foco en otro asunto que preocupa al sector: el riesgo de que las dificultades de las empresas para hacer frente al pago de sus créditos y sus moratorias tras la pandemia dispare los niveles de morosidad de los bancos y estos se vean obligados a incrementar sus provisiones de forma abrupta.
Patuelli ha pedido flexibilidad a las autoridades italianas y europeas para que se retiren progresivamente las moratorias concedidas a las empresas y que estas se puedan recuperar para pagar "de forma paulatina las deudas que contrajeron" durante la pandemia.