El informe de 182 páginas documenta "cómo las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ilegítimos, los traslados forzosos, las restricciones a la circulación y la negación de la nacionalidad y la ciudadanía a la población palestina son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale a apartheid".
Según AI, "las autoridades israelíes deben rendir cuentas por cometer apartheid" contra los palestinos, ya que constituye un crimen de lesa humanidad según las definiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Convención contra el Apartheid. ENFADO DE ISRAEL Antes incluso de la publicación del informe -que había sido adelantado embargado a algunos medios, entre ellos Efe-, el Gobierno israelí accedió a su contenido y reaccionó con vehemencia al tildar a AI de "antisemita" por "negar el derecho a existir del Estado de Israel" y "usar un lenguaje extremista".
"Las alegaciones de Israel se basan en mentiras que buscan eludir el escrutinio sobre las violaciones de derechos humanos. Nosotros reconocemos el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación y el derecho a existir del Estado de Israel", se defendió hoy en rueda de prensa en Jerusalén la nueva secretaria general de AI, Agnès Callamard.
"No criticamos el hecho de que haya un Estado judío, pero sí pedimos que ese Estado judío respete los derechos de todo el mundo viviendo bajo su control y en su territorio", añadió. La exrelatora de la ONU afirmó que el sistema apartheid impuesto por Israel afecta tanto a los palestinos que viven en Israel, como los que habitan los territorios palestinos ocupados -unos 5.3 millones según el último censo palestino entre Cisjordania y Gaza- como a la población refugiada en terceros países.
"Los palestinos son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos. Las crueles políticas de segregación, desposesión y exclusión en los territorios bajo control de Israel constituyen sin duda apartheid", aseveró Callamard.
El informe señala que las autoridades israelíes promulgan medidas para "negar deliberadamente a la población palestina sus derechos y libertades fundamentales, como las draconianas restricciones a la circulación, la falta de inversión crónica y discriminatoria en las comunidades palestinas en Israel, y la negación a la población palestina refugiada de su derecho a retornar".
“La respuesta internacional al apartheid no debe seguir limitándose a condenas anodinas y declaraciones ambiguas. A menos que abordemos las causas fundamentales la población palestina e israelí seguirán bloqueadas en el ciclo de violencia que ha destruido tantas vidas”, señaló Callamard.
De hecho, AI comenzará hoy una campaña para exigir que la CPI, que ya tiene un examen preliminar abierto sobre Israel por crímenes de guerra, incluya el crimen de apartheid en su investigación, algo que también pidió hoy la Autoridad Nacional Palestina, que celebró el informe.
TORTURA Y HOMICIDIOS ILEGÍTIMOS
Amnistía también da cuenta de traslados forzosos, detenciones administrativas, torturas y homicidios ilegítimos tanto en Israel como en Cisjordania ocupada y Gaza, donde entre 2018 y 2019 se produjeron las "marchas del retorno", durante las que tropas israelíes disparaban a los manifestantes y mataron a al menos 214 civiles, incluidos 46 menores.
AI también reclama al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo integral de armas y municiones a Israel e imponga sanciones selectivas como el bloqueo de activos a las autoridades israelíes más implicadas en el apartheid.
Amnistía denuncia que Israel, desde el establecimiento del Estado en 1948, impulsa políticas para mantener una mayoría demográfica judía y maximizar el control sobre tierras, propiedades y recursos de los israelíes, al considerar a la población palestina una "amenaza demográfica".
Además, considera que desarrolla planes oficiales para "judeizar" zonas de Israel y Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén este, donde se producen expulsiones y demoliciones de casas de familias palestinas. Según AI, la ocupación militar israelí ha provocado que la población palestina esté "fragmentada geográfica y políticamente" y experimente "diversos niveles de discriminación según su residencia.
En Cisjordania y Gaza, donde Israel controla el registro civil, los palestinos son considerados apátridas y necesitan tarjetas del Ejército israelí para moverse y trabajar en los territorios ocupados. “Israel debe desmantelar el sistema de apartheid y empezar a tratar a la población palestina como a seres humanos con iguales derechos y dignidad”, apuntó Callamard.
No es la primera vez que organizaciones de derechos humanos se refieren al régimen de apartheid para describir la situación de los palestinos en los territorios controlados por Israel, un término que ya acuñó la ONG israelí Btselem en enero de 2021 y que Human Rights Watch documentó en otro informe el pasado abril, después de que grupos palestinos llevaran años denunciándolo.