"La violencia con armas de fuego en Estados Unidos es una crisis de derechos humanos. De 2001 a 2017, más de medio millón de personas murieron por heridas de bala y 1.3 millones más sufrieron lesiones relacionadas con armas de fuego", advirtió AI en un informe difundido este jueves.
En el documento "Cicatrices de supervivencia: la violencia con armas de fuego y las trabas para obtener una reparación en EE.UU.", la organización analizó si el Gobierno "ha cumplido con su obligación, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de proporcionar remedios efectivos, incluidas reparaciones, a víctimas y sobrevivientes".
Y apuntó que, pese a "la gravedad de los efectos de la violencia con armas de fuego, el Estado no proporciona a las personas sobrevivientes acceso a ningún apoyo ni prestación concebido específicamente para ellas", por lo que se ven obligadas a depender de los mismos mecanismos y sistemas de acceso a la asistencia médica del resto de la población, enfrentando "múltiples trabas".
"Al no regular debidamente la adquisición, posesión y utilización de armas de fuego por agentes no estatales, el Gobierno estadounidense ha incumplido su obligación de ejercer la diligencia debida para proteger el derecho a la vida y a la seguridad, así como otros derechos humanos", subrayó AI.
En ese contexto, indicó que el Gobierno "tiene la responsabilidad de proporcionar recursos efectivos, incluidas reparaciones, a quienes sufren y sobreviven a la violencia por arma de fuego".
Al formular sus recomendaciones, pidió "garantizar que las personas sobrevivientes de violencia por arma de fuego tengan acceso a rehabilitación, incluida asistencia médica y psicológica asequible y de calidad, lo que incluye intervenciones médicas necesarias a largo plazo, servicios de rehabilitación, atención a la salud mental y gestión del dolor a largo plazo".
El informe cita un estudio de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, según el cual "el costo medio por cada persona herida por arma de fuego que acudía a urgencias era de 5,254 dólares, y el costo medio de hospitalización inicial (es decir, el costo por cada persona ingresada por urgencias) era de 95,887 dólares".
Para la investigación, AI entrevistó a 25 sobrevivientes de disparos así como a cuidadores, trabajadores sociales, expertos en salud pública, defensores de derechos humanos y activistas en Miami, Tampa, Baltimore y Nueva Orleans, ciudades cuyos estados (Florida, Maryland y Luisiana) tienen "distintos niveles de violencia con armas de fuego" y enfoques a la hora de proporcionar recursos y reparaciones a los sobrevivientes.
Amnistía Internacional recordó que en 2018 difundió el informe "En la línea de fuego: los derechos humanos y la crisis de violencia con armas de fuego en Estados Unidos", en el que ya "catalogaba esta clase de violencia en el país como una crisis de derechos humanos".