El presidente del TSJ, Maikel Moreno, dio a conocer la decisión, al término del antejuicio de mérito contra Ortega, quien no participó en la vista oral y pública, en franco desafío a la máxima instancia judicial.
Durante la vista, el diputado Pedro Carreño, a cargo de la demanda; el defensor del Pueblo, Tarek William Sabb y el Contralor General de la República, Manuel Galindo presentaron pruebas y alegatos para autentificar las denuncias de abuso de poder, inacción en el ejercicio de impartir justicia, entre otras irregularidades que pesan sobre la fiscal general.
Al respecto Moreno destacó la importancia de la audiencia, televisada en vivo, para determinar la responsabilidad de Luisa Ortega en 'delitos de carácter ético y moral'.
El legislador del Bloque de la Patria ante la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, argumentó que Ortega con sus pronunciamientos y decisiones atentó contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano (CMR).
Asimismo, según Carreño, lesionó la ética pública y actuó con inexcusable ignorancia de la Constitución venezolana.
Señaló, basado en argumentos constitucionales y las leyes de la República, que Ortega hizo activismo político, al favorecer a un grupo determinado de la población.
'En su presencia se cometieron delitos, además del irrespeto a los símbolos patrios', añadió el diputado.
También indicó que la fiscal no tiene facultad para desconocer las sentencias del TSJ, lo cual, supuso, otra falta de la titular del Ministerio Público.
Por otra parte, el contralor general entregó ante la Sala Plena una serie de actas que demuestran las presuntas faltas graves de la fiscal.
Solicitó en ese caso el inicio de un procedimiento penal contra la exsecretaria ejecutiva permanente del CMR, María Marcano, por su presunta complicidad con Luisa Ortega en hechos que atentan contra el orden constitucional del país.
En tanto, el defensor del Pueblo pidió la ejecución de pruebas grafotécnicas a los documentos que presentó y en los que se encuentra la firma de Ortega, que prueban cómo avaló la designación de los magistrados del TSJ, algo que la fiscal niega.
También exigió ser sometido, junto al contralor y la fiscal, a la prueba del polígrafo como constancia de que se opere en favor de la verdad.
Al tiempo que ocurría la audiencia, la fiscal, en conferencia de prensa televisada en vivo por varios medios de la derecha, desafió nuevamente al TSJ y dijo que desconocería las conclusiones del antejuicio.
Sin embargo, corroboró Ortega el envío a la vista oral de un escrito para su defensa.
La imputada contó también con un abogado, a quien se le dieron las mismas consideraciones que a los demandantes.