Durante cinco sesiones, que se prolongarán hasta finales de mes, declararán ante la Comisión Constitucional y de Control del Parlamento desde el primer ministro, el laborista Jens Stoltenberg, y otros cargos del Gobierno; a altos funcionarios, mandos policiales, voluntarios y familiares de las víctimas de la doble matanza perpetrada por el ultraderechista Anders Behring Breivik.
"Es más importante aprender de los fallos que se cometieron el 22 de julio del año pasado que exigir responsabilidades porque se produjeron", dijo hoy en su intervención Alexandra Bech Gjørv, líder de la comisión creada por el Parlamento para investigar los hechos.
Esa comisión, que hizo público su informe a mediados de agosto, concluyó entonces que el atentado en el complejo gubernamental de Oslo, que causó 8 muertos, pudo haberse "evitado" y que la matanza de 69 personas en el campamento de las Juventudes Laboristas en la isla de Utøya podría haber sido atajada "más rápidamente".
A los pocos días, el jefe de la Policía noruega, Øystein Mæland, dimitió tras las duras críticas contra las fuerzas de seguridad.
La actuación de las autoridades ya se había cobrado meses antes otras dos "víctimas", la jefa de los servicios de inteligencia y el ministro de Justicia, aunque éste maquilló su salida apelando a motivos personales.
En una primera comparecencia ante el Parlamento celebrada hace tres meses, Stoltenberg había lamentado públicamente los errores señalados en el informe y asumido la "máxima responsabilidad".
El primer ministro noruego será el último en declarar ante la Comisión de Control el próximo día 26.
Un tribunal de Oslo condenó a Breivik el pasado 24 de agosto a 21 años de prisión prorrogables, la pena máxima y que puede equivaler a una cadena perpetua, al considerarle penalmente responsable de los atentados y rechazar que sea un enfermo mental.