La reforma ya fue aprobada en el Senado y ahora sólo necesita el aval de la Cámara de Diputados, en donde el oficialismo no pudo aprobarla el pasado jueves, como tenía previso.
Ese día, al gobierno le costó reunir a los 129 diputados que necesitaba para tener quórum y poder abrir la sesión, además de que los alrededores del Congreso fueron copados por un inédito operativo de fuerzas de Seguridad.
Mientras los diputados aun discutían si habría o no sesión, en las calles la Gendarmería y la Policía Federal comenzaron una represión que terminó con 40 detenidos y decenas de heridos por balas de goma o bañados en gases lacrimógenos, entre ellos diputados opositores y periodistas.
La sesión, que comenzó con gritos y empujones, finalmente no pudo llevarse a cabo y aunque en un principio Macri intentó dictar la reforma por decreto, la decisión fue rechazada incluso por sus aliados ya que, además de inconstitucional, podría provocar mayores protestas en las calles.
Como alternativa, se citó a una sesión para este lunes en la que el gobierno confía en que tendrá el apoyo de entre 140 y 150 diputados, además de la presencia de gobernadores en el Congreso.
En las calles, en tanto, ya no habrá gendarmes ni policías federales, ya que la Policía de la Ciudad encabezará un operativo que ya comenzó desde ayer, con un vallado completo en varias cuadras a la redonda.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro nacional a partir del mediodía que culminará mañana, además de que desde temprano comenzaron las marchas de protesta contra la ley que, se prevé, por la tarde serán multitudinarias.
El mayor temor es que haya una escalada de violencia que, por ahora, sólo se traduce en una puja verbal entre sectores extremos que denuncian un intento de golpe de Estado y quienes apuestan por la renuncia del presidente.
Por el contrario, otro sector de la sociedad saldrá a marchar para rechazar la reforma, sin que ello implique que quieran generar violencia ni que pretendan que el gobierno de Macri quede trunco, lo que es imposible porque cuenta con el apoyo de empresarios, medios y el Poder Judicial y las Fuerzas de Seguridad.
El gobierno propuso cambios a la actualización de las jubilaciones que, según su versión, implicará que estos ingresos sean 5.0 por ciento mayores a la inflación el próximo año.
Opositores, consultoras privadas e incluso economistas cercanos al macrismo han advertido, por el contrario, que la reforma recorta en unos 100 mil millones de pesos (casi seis mil millones de dólares) las jubilaciones y diversos programas sociales.
A pesar de que el gobierno insistía en que los jubilados no perdían, sino que ganaban, después del fracaso de la sesión del jueves, de manera contradictoria, aceptó otorgar un “bono compensatorio” por única vez para marzo del próximo año.
Con ese ajuste, la quita en jubilaciones y programas sociales sería de por lo menos 68 mil millones de pesos (cuatro mil millones de dólares), lo que contrasta con los beneficios tributarios obtenidos por mineras, empresarios del agro y evasores durante el macrismo.