La iniciativa del Ejecutivo, que afecta a 39 artículos, fue aprobada en lo general en segunda legislatura con 64 votos a favor, 25 en contra y ninguna abstención por parte de los 92 diputados del congreso unicameral.
El oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con 63 escaños, sumó el voto del representante del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Wilfredo Navarro.
La bancada del opositor Partido Liberal Independiente (PLI) arremetió en contra del proyecto de ley y se retiró de la sede del Legislativo después de la votación de la iniciativa en lo general.
El diputado del PLI, Eduardo Montealegre, afirmó que las enmiendas eran “innecesarias” y “un retroceso” a la institucionalidad del país.
En el mismo sentido, el legislador opositor Alberto Lacayo sostuvo que “no se necesita a (Daniel) Ortega forever (por siempre)”, señalando los problemas económicos y sociales como los temas urgentes de la agenda nacional.
El diputado del PLI, Raúl Herrera, calificó el proyecto como “síndrome dictatorial” y “una metamorfosis política más aberrante”, ya que se estaría “desmontando la Constitución” de Nicaragua para dejarla “como anillo al dedo al dictador de turno”.
Asimismo, Herrera exhortó al pueblo a “su derecho a la rebelión” para oponerse al gobierno sandinista.
En defensa de la iniciativa, el jefe de la bancada del oficialismo, Edwin Castro, estimó que las reformas “profundizan la democracia, profundizan la participación de la familia, de la sociedad (...) que es lo que tienen miedo” los opositores.
Lamentó la “invitación” a la “rebelión armada” que hizo uno de sus colegas, al indicar “que está fuera de lugar” en un país que ha comenzado a superar los traumas de una guerra civil que se desarrolló en los años 80 y dejó un saldo de 50 mil víctimas.
En el ámbito electoral, el proyecto de ley eliminó la segunda vuelta, por lo que la victoria en los comicios presidenciales se decidirá con una mayoría simple de votos.
Asimismo, se estableció la incorporación de militares y policías a cargos en las instituciones estatales “cuando el interés supremo de la nación lo demande”, lo que los opositores consideraron como “la militarización de las instituciones públicas”.
Además, se reconoció el “rol protagónico” de la iniciativa privada y que las actividades económicas corresponden “primordialmente entre particulares”.
La iniciativa incluyó la facultad del Estado para celebrar contratos para la construcción de un canal interoceánico, que ha sido cedida a una empresa china propiedad del inversionista Wang Jing.
También incorporó la nueva frontera marítima y la zona económica exclusiva de Nicaragua en el mar Caribe, derivado de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de noviembre de 2012.
El presidente del Legislativo, el diputado sandinista René Núñez, anunció que la discusión fue suspendida, por lo que continuará mañana miércoles.