Los militares, que hasta hoy han matado a al menos 730 civiles, incluidos 46 niños, se encuentran en una carrera por el reconocimiento internacional frente al "Gobierno" de unidad nacional formado parlamentarios electos, activistas y representantes de las minorías étnicas.
Pekín y Moscú, los principales suministradores de armamento a Birmania, han evitado criticar directamente el golpe de Estado, que consideran un asunto interno del país, mientras que las potencias occidentales lo han condenado severamente y han respondido con sanciones económicas.
CONSEJO DE SEGURIDAD
El pasado 1 de abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó de forma energética la muerte de centenares de civiles, incluidos niños, en Birmania y pidió la liberación de los detenidos, incluida la líder del Gobierno depuesto, Aung San Suu Kyi.
Sin embargo, China y Rusia, aunque han expresado su descontento con la situación en Birmania, han usado su derecho de veto en el consejo para evitar una condena más contundente del levantamiento militar y la imposición de sanciones económicas y un embargo de armas global a la junta encabezada por el general golpista Min Aung Hlaing.
"El Consejo de Seguridad de la ONU se encuentra en punto muerto porque ni China ni Rusia permitirán acciones de castigo", indicó en un artículo de opinión en el medio "Asia Times" Michael Vatikiokis, director en Asia del Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant, con sede en Ginebra.
"La crisis en Birmania ha puesto de relieve los límites de las potencias occidentales en la importante geopolítica asiática que está fortaleciendo la influencia rusa y china en el área euroasiática", opinó Vatikiokis.
SOCIOS PREFERENTES
China es el principal socio comercial en Birmania, donde ha realizado importantes inversiones para crear un corredor económico entre ambos países que incluye gasoductos desde la costa birmana en la bahía de Bengala hasta la provincia china de Yunnan.
Las autoridades chinas negociaron parte de las infraestructuras de este plan con el Gobierno de la derrocada Aung San Suu Kyi, al tiempo que también son los principales proveedores de armas al país.
Rusia es el único país que ha enviado a un alto cargo político a Birmania después del golpe, con la visita el mes pasado de su viceministro de Defensa, Alexander Fomin, y también es un importante socio militar.
Los embargos de armas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea hace que las autoridades birmanas se hayan suministrado de armamento casi exclusivamente de Rusia y China en las últimas décadas.
Entre 2010 y 2018, Birmania importó armas por valor de 3.672 millones de dólares, de los que el 44 por ciento correspondieron a Pekín y el 43 por ciento a Moscú, según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz.
EL MOVIMIENTO CIVIL
Muchos analistas chinos, así como la junta birmana, ven con suspicacia el apoyo prestado por ONG y países occidentales al movimiento civil birmano formado poco después del golpe para pedir el regreso de la democracia.
La UE, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, entre otros, han criticado duramente a los militares birmanos y han aprobado sanciones contra ellos y sus conglomerados económicos, pero aún no han reconocido "de facto" o "de iure" a los representantes civiles birmanos.
El pasado viernes, parlamentarios electos, activistas y líderes de las minorías étnicas formaron un "Ejecutivo civil" de unidad nacional, tras lo que pidieron a la comunidad internacional ser reconocidos como los representantes legítimos del pueblo birmano.
También han criticado que los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que incluye a Indonesia, Tailandia, Malasia, Vietnam y Birmania, entre otros, vayan a reunirse en una cumbre en Yakarta con el general golpista Min Aung Hlaing el próximo día 24.
La ONU ha llegado a comparar la crisis en Birmania con el inicio del conflicto en Siria y algunos opositores a la junta birmana han llegado a pedir una intervención militar liderada por el Consejo de Seguridad o por países democráticos.
De momento, ningún país ha propuesto una medida así y Estados Unidos lo ha descartado.
"No promocionaremos la democracia a través de costosas intervenciones militares o tratando de derrocar un régimen autoritario por la fuerza. Hemos intentado esas tácticas en el pasado. Con todas las buenas intenciones, no funcionaron", indicó el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, a principios de marzo.