Borrell celebra la aprobación de un relator especial para Afganistán

El alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, celebró la aprobación de la resolución liderada por la UE de nombrar un relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Afganistán para evaluar a los talibanes por sus "acciones".

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El alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, en una imagen de archivo. EFE/EPA/FREDERICK FLORIN / POOL

El relator especial, que empezará sus trabajos en marzo próximo, tiene ahora la "crucial tarea de supervisar las violaciones y abusos de los derechos humanos en Afganistán. Estamos al lado del pueblo afgano. Evaluaremos las acciones de los talibanes, no sus palabras", destacó Borrell en su cuenta en la red social Twitter.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó la víspera en Ginebra "en los términos más enérgicos" todas las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en Afganistán.

Además, decidió crear un mandato de relator especial para investigar las violaciones cometidas por los talibanes y otras partes del conflicto en ese país.

La votación de la resolución presentada por la Unión Europea fue aceptada por 28 Estados, cinco en contra (Rusia, China, Eritrea, Venezuela y Pakistán) y 14 abstenciones en este órgano de 47 miembros.

El experto independiente de la ONU debe informar sobre la evolución de la situación de los derechos humanos y hacer recomendaciones para mejorarla.

El texto adoptado castiga todos los abusos en Afganistán, incluidas ejecuciones sumarias o extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violencia contra manifestantes pacíficos o represalias, así como la discriminación contra mujeres y niñas en todas sus formas.

La resolución también recuerda que el matrimonio precoz y forzado de niños constituye una violación de sus derechos humanos.

La resolución también pide el establecimiento de un gobierno unido e inclusivo.

Además, insta a la comunidad internacional a adaptar aún más su compromiso con cualquier futuro gobierno afgano, respetando los derechos de las mujeres y las libertades fundamentales de todos los afganos. Se trata, pues, de condicionar la cooperación con los talibanes al respeto del Estado de derecho y la libertad de expresión.