La semana pasada, el Ejecutivo aprobó un decreto que eliminaba las restricciones a la minería en la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca por sus siglas en portugués), de un tamaño de 46 mil kilómetros cuadrados, una extensión superior al estado mexicano de Quintana Roo.
La decisión provocó el rechazo de organizaciones ecologistas brasileñas e internacionales, así como de sectores de la Iglesia católica en América del Sur, y personalidades como la modelo brasileña Gisele Bündchen, que en los últimos años ha hecho llamados contra el impacto humano en el Amazonas.
La Renca, fundada en 1984 por la dictadura militar, se sitúa en la cuenca del río Amazonas, entre los norteños estados de Pará y Amapá, una de las regiones más amenazadas por el avance de intereses corporativos en el bosque amazónico, como la extracción de madera, minerales y la producción bovina y de soja.
Desde su llegada al poder en mayo de 2016, tras el juicio político a la depuesta presidenta Dilma Rousseff, Temer fue criticado por organizaciones no gubernamentales por lanzar “la mayor ofensiva antiambiental” en décadas.
Pese a los esfuerzos por reducir la deforestación en comparación con la década de 1990, cuando las áreas arrasadas del Amazonas llegaron a sumar en un año 23 mil kilómetros cuadrados, Brasil no se comprometió aún a erradicar la deforestación ilegal.
El año pasado, el área deforestada aumentó 29 por ciento, hasta los ocho mil kilómetros cuadrados, aunque datos preliminares indican que en 2017 esa tendencia fue frenada.
La mayor selva tropical del planeta, que ocupa más del 50 por ciento del territorio brasileño, ha sufrido en los últimos 30 años los efectos de esta tala acelerada y corte raso, que va sucedida muchas veces por la quema de los remanentes del bosque, para abrir áreas de pasto para el ganado bovino o la producción agrícola.