El texto "exige que esas herramientas en manos de los servicios de seguridad nacionales sean objeto de suficiente control, que respete plenamente el derecho europeo, incluidos los derechos fundamentales como la protección de datos personales, la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Valores y Transparencia, Vera Jourová, en un reducido encuentro con periodistas, entre ellos Efe.
Este es el tercer informe sobre el Estado de Derecho que publica la Comisión Europea desde septiembre de 2020, en el que incluye por primera vez recomendaciones por países y el primero que se elabora en el contexto de la guerra de Rusia en Ucrania.
El informe aborda también, por primera vez, los controles nacionales en la UE en relación con el uso de programas espía como Pegasus, entre cuyos objetivos incluían a periodistas, abogados, políticos nacionales y eurodiputados, y se centra en España, Francia, Hungría y Polonia. Este último es el único de los cuatro países donde se produjeron denuncias en el que la fiscalía no ha iniciado ninguna investigación.
"Este tema ha ido ganando importancia a lo largo del último año: si bien está vinculado a la seguridad nacional, es necesario que haya controles y equilibrios nacionales que garanticen la existencia de salvaguardias y el respeto de los derechos fundamentales", se lee en el informe general sobre el Estado de Derecho.
Aunque el informe concede que son los Estados miembros los competentes para garantizar su seguridad nacional, subraya que "deben aplicar la legislación comunitaria pertinente, incluida la jurisprudencia del TJUE".
El Estado de Derecho exige que el recurso a estos instrumentos por parte de los servicios de seguridad de los Estados miembros esté sujeto a un control suficiente que respete plenamente la legislación de la UE, incluidos derechos fundamentales como la protección de los datos personales, la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión, añade.
Además, el uso de medios de vigilancia en las investigaciones penales también tiene que respetar los derechos procesales, incluidos los derechos del acusado.
Por lo tanto, recalca que se necesitan "sólidos controles y equilibrios institucionales para garantizar el funcionamiento, la cooperación y el control mutuo de los órganos del Estado, de modo que el poder sea ejercido por una autoridad estatal bajo el escrutinio de otras".
Este escándalo político estalló el pasado año al hilo de una investigación periodística que desveló el espionaje de gobiernos a periodistas, opositores, activistas y empresarios mediante el "spyware" israelí Pegasus, originalmente comercializado para la vigilancia de delitos graves y terrorismo.
Este programa espía puede instalarse de manera encubierta en teléfonos móviles y otros dispositivos y, sin conocimiento de la víctima, otorgar al atacante control total sobre el dispositivo.
En España, el uso de Pegasus y otros programas de vigilancia espía equivalentes ha sido objeto de una investigación por parte del Defensor del Pueblo y de un procedimiento judicial.
El espionaje a través de este programa afectó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a varios de sus ministros y a unos sesenta líderes independentistas de Cataluña, que presentaron numerosas querellas en juzgados de Barcelona.