Si bien la promulgación del Proyecto de la Asamblea Legislativa (Assembly Bill, AB) 1352 representa un primer paso importante para garantizar paridad de condiciones a inmigrantes procesados por tenencia de drogas, el veto al AB 1351 implica que los inmigrantes siguen expuestos a ser detenidos y deportados debido a que deben declararse culpables para ingresar a un programa de rehabilitación por drogas, indicó Human Rights Watch. Es habitual que el gobierno de Estados Unidos actúe para deportar a personas que han sido condenadas por delitos vinculados con drogas, incluidos ilícitos que se cometieron hace décadas, o en los cuales no se aplicaron penas de prisión o estas fueron ínfimas. La promulgación de ambos proyectos habría garantizado que los inmigrantes tuvieran las mismas oportunidades que los ciudadanos estadounidenses de beneficiarse con programas destinados a sacar del sistema penitenciario y remitir a programas de tratamiento a personas que han cometido delitos vinculados con drogas.
“La aprobación de los proyectos legislativos por la legislatura de California demuestra que, mientras el Congreso no actúa para reformar las severas leyes sobre inmigración, California podría posicionarse como un referente en medidas para mantener unidas a las familias”, indicó Grace Meng, investigadora sénior sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Si bien el gobernador Brown dio un paso positivo al promulgar uno de los proyectos, también perdió una oportunidad valiosa de promover plenamente la rehabilitación de quienes consumen drogas y proteger a familias de inmigrantes”.
Conforme a la legislación de California, los participantes que completan satisfactoriamente un programa de rehabilitación por drogas conocido como Inscripción Diferida de Sentencia (Deferred Entry of Judgment) se benefician con el desistimiento de los cargos y la eliminación de los antecedentes. Sin embargo, dado que para poder entrar al programa deben antes declararse culpables, se considera que tanto los residentes permanentes (es decir, quienes poseen la denominada “green card” [tarjeta de residencia]) como los inmigrantes no autorizados tienen una condena que puede conllevar su deportación y detención obligatorias por aplicación del derecho federal. Los dos proyectos legislativos habrían contribuido a evitar que los inmigrantes que completaran satisfactoriamente el programa recibieran una condena conforme al derecho federal.
Ambos proyectos fueron aprobados por la legislatura del estado de California en septiembre. El AB 1351, que fue vetado por Brown, habría reformado el programa de Inscripción Diferida de Sentencia para posibilitar que el acusado se declare no culpable antes de comenzar un programa de rehabilitación por drogas, y evite así una condena conforme a la legislación inmigratoria federal. En su mensaje emitido junto con el veto, Brown manifestó su preocupación de que el proyecto eliminara el incentivo para continuar el tratamiento, ya que la declaración de culpabilidad tendría como resultado la imposición de una sentencia de culpabilidad cuando el acusado no completara el programa.
Sin embargo, el AB 1351 no eliminaba la posibilidad de que prosiguiera el procesamiento de quienes no continuaran el tratamiento, y habría creado un incentivo adicional para que los ciudadanos extranjeros permanecieran en tratamiento, y que no es otro que la posibilidad de evitar ser deportados. Como resultado, se considera automáticamente que los ciudadanos extranjeros que se declaran culpables para ser admitidos a programas de rehabilitación tienen una condena por drogas que puede conllevar su detención y deportación obligatorias.
El proyecto AB 1352, que fue finalmente promulgado, permitirá que personas que ya han concluido satisfactoriamente el programa se retracten de su declaración de culpabilidad cuando enfrenten la privación o pérdida del empleo u otros beneficios, incluida la posibilidad de permanecer en Estados Unidos, debido a haberse declarado culpables anteriormente. El proyecto supone un cambio sustancial, al permitir que los inmigrantes que hayan completado el programa puedan conseguir que se elimine su prontuario penal, aunque esto ocurriría tras un año desde su declaración inicial de culpabilidad, lo cual incrementa sus posibilidades de permanecer en Estados Unido
Muchas de las personas que el gobierno estadounidense sujeta a procedimientos de deportación cuentan con tarjetas de residencia (green cards) o son inmigrantes con vínculos afianzados en Estados Unidos Han aumentado los casos de deportación de personas que no son ciudadanas estadounidenses por tenencia de drogas. Según datos proporcionados a Human Rights Watch por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, las deportaciones de ciudadanos extranjeros cuya condena más grave fue por tenencia de drogas aumentaron un 43 por ciento entre 2007 y 2012.
“Son numerosos los legisladores en los estados y en el ámbito federal que han apoyado reformas en materia de políticas sobre drogas, pero pocos han reconocido el modo en que tales reformas a menudo excluyen a los inmigrantes”, manifestó Meng. “Si bien ha sido una decepción que el gobernador no refrendara ambos proyectos, California y otros estados deberían continuar luchando por una reforma en materia de drogas que incluya a todos sus residentes”.