Los 15 individuos ya habían sido sancionados en los últimos meses por las autoridades estadounidenses. La medida adoptada por el Gobierno canadiense impide a sus ciudadanos -personas o instituciones- actividades económicas con los miembros de esta lista.
En la relación figura el ministro de Finanzas, Iván Acosta; el presidente del Banco Central de Nicaragua, Leonardo Reyes, y la fiscal general de la República, Ana Julia Guido, así como responsables políticos, policiales y militares.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló en un comunicado que desde 2018 "el Gobierno de Nicaragua ha estado cometiendo violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos contra su población, incluidas campañas de represión y violencia patrocinada por el Estado contra manifestantes y la supresión de cualquier oposición política".
Canadá añadió que pese a las peticiones de la comunidad internacional, el Gobierno del presidente Ortega "se ha negado a implementar reformas significantes para asegurar que su población pueda tener elecciones libres y justas en noviembre de 2021" y en cambio "ha aumentado sus ataques contra derechos civiles y políticos".
El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Marc Garneau, afirmó que el país respalda las peticiones del pueblo nicaragüense para "un futuro justo y pacífico arraigado en el respeto fundamental de los derechos humanos, la libertad de los medios de comunicación y el derecho al voto en elecciones libres, justas y transparentes".
Garneau añadió que Canadá solicita a las autoridades de Nicaragua "la liberación de los detenidos de forma injusta y el respeto a la ley y las obligaciones internacionales en derechos humanos".
Los quince sancionados por Canadá son:
- Camila Antonia Ortega Murillo, hija de Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, coordinadora de la Comisión de Economía Creativa.
- Ana Julia Guido, fiscal general de la República.
- Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua.
- Iván Adolfo Acosta Montalván, ministro de Finanzas y Crédito Público.
- José Jorge Mojica Mejía, estrecho colaborador de la familia Ortega y al que se considera responsable de varias operaciones de lavado de dinero para el enriquecimiento del presidente y su entorno.
- Marvin Ramiro Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema.
- Ramón Avellán Medal, subdirector de la Policía Nacional.
- Luis Alberto Pérez Olivas, máximo responsable de la Policía judicial y director de la prisión de El Chipote.
- Juan Pastor Urbina, comisionado de Operaciones Especiales del cuerpo.
- Juan Valle Valle, comisionado general de la Policía Nacional.
- Lumberto Ignacio Campbell Hooker, magistrado del Consejo Supremo Electoral.
- Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos.
- Fidel De Jesús Domínguez Álvarez, jefe de la Policía Nacional en León.
- Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea y miembro de la comisión electoral de Nicaragua.
- Julio Modesto Rodríguez Balladares, general de brigada del ejército de Nicaragua.