Lam realizó estas declaraciones en su primera comparecencia pública, en una rueda de prensa celebrada hoy, desde que las autoridades de Pekín anunciasen que impulsarían una ley de seguridad nacional para Hong Kong.
Esta normativa, que se debate en la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo chino) y que probablemente sea aprobada esta misma semana, tendrá como objetivo prohibir "cualquier acto de traición, secesión, sedición o subversión" contra el Gobierno central, además del "robo de secretos de Estado y la organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras".
La líder hongkonesa aseguró: "En los últimos 23 años (desde el regreso de Hong Kong a China), siempre que la gente se ha preocupado por la libertad de expresión y de protesta, hemos demostrado que defendemos y preservamos esos valores", y añadió que es necesario entender por qué en este momento se necesita esa legislación.
Lam también negó que Pekín esté saltándose los mecanismos legislativos de la ciudad para promulgar la ley, señalando que tal acusación ignora completamente la relación constitucional entre la ciudad semiautónoma y el Gobierno central.
El movimiento prodemocrático de la ciudad considera que la ley de seguridad nacional podría tener consecuencias de gran alcance para la autonomía de la excolonia británica, regida por el modelo 'un país, dos sistemas', que confiere el mando a las autoridades hongkonesas sobre diversas cuestiones como inmigración o política monetaria.
"Pekín acaba de poner el último clavo en el ataúd de la autonomía de Hong Kong. La promesa de 'un país, dos sistemas' está muerta", escribió el destacado activista prodemocracia Joshua Wong en una columna publicada este lunes en el rotativo estadounidense The Washington Post.
Asimismo Lam desestimó el comunicado del Colegio de Abogados de Hong Kong, que afirmaba que el Legislativo chino carece de poderes para imponer la legislación, defendiendo que la promulgación de la misma no irá en contra de la Ley Básica (la carta magna hongkonesa) y estará estrictamente de acuerdo con la Constitución china.
La controvertida líder calificó de "tonterías" las críticas de la comunidad internacional de que la ley afectará a los derechos y libertades de los hongkoneses y debilitará el estatus financiero de la ciudad.
"Muchos países de todo el mundo, incluidos los occidentales, también se rigen por este tipo de leyes, por lo que no creemos que esto ahuyente a los inversores o que se pierda el estatus como centro financiero internacional o de negocios", indicó.
NUEVAS PROTESTAS
El temor a una inminente represión provocó nuevas protestas el domingo, cuando unas 180 personas fueron arrestadas mientras la policía disparaba gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes violentos.
Esa protesta fue la más concurrida desde enero, cuando el movimiento antigubernamental se detuvo, en gran medida debido al inicio de la pandemia de la COVID-19.
La situación ha propiciado la convocatoria de nuevas manifestaciones: los activistas prodemocráticos planean congregarse mañana en las inmediaciones del Consejo Legislativo (el Parlamento local) y cortar el tráfico mientras los legisladores deliberan sobre una controvertida ley que podría penalizar la falta de respeto al himno nacional chino.
Los alrededores de la sede se encuentran ya acordonados y está previsto que se desplieguen hasta 3,000 efectivos policiales.
No obstante, se espera una mayor afluencia de gente para la marcha que cada 1 de julio convoca el Frente Civil de Derechos Humanos. Este día ha surgido como una plataforma anual en la que las marchas de protesta exigen el sufragio universal y suponen una llamada a la defensa de las libertades civiles, incluyendo la libertad de expresión.