Las sanciones de la UE son las primeras que toma contra China desde la masacre en Tiananmen, el 4 de junio de 1989, y consisten en la congelación de activos en el espacio comunitario y la prohibición de entrar a este a cuatro funcionarios chinos por su presunta conexión con el maltrato a uigures y otras minorías musulmanas en la región autónoma occidental de Xinjiang.
Tras el anuncio de las sanciones de la UE, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido adoptaron sus propias medidas restrictivas contra Pekín por estos presuntos abusos, que incluirían trabajos forzosos entre la población uigur, mientras que Australia y Nueva Zelanda expresaron hoy su apoyo a las medidas.
El viceministro chino de Exteriores Qin Gang condenó hoy en un comunicado lo que considera "sanciones unilaterales basadas en mentiras y noticias falsas que no se corresponden con la realidad y la ley", y que ayer provocaron represalias por parte de China contra diez personas, entre ellos cinco europarlamentarios.
Qin instó a la UE a "reconocer la gravedad de sus errores y corregirlos", así como a "abandonar la confrontación para no causar más daños a las relaciones entre los dos bloques".
También el titular de esa cartera, Wang Yi, arremetió hoy contra la UE durante su encuentro con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en la ciudad meridional de Guilin: "Las fuerzas occidentales que difaman a China deben saber que la era de la injerencia desenfrenada en nuestros asuntos internos en base a mentiras ha terminado para siempre jamás".
Wang no sólo no reculó, sino que abogó por que más países se sumen a su "fuerte oposición" a "sanciones unilaterales" como las de la UE, y consideró que "cada país debería dar un paso al frente y oponerse".
Rusia coincidió con esa posición, y tanto Pekín como Moscú culminaron su encuentro pidiendo una reunión de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU "para explorar soluciones a problemas comunes de la humanidad a través del diálogo".
EL TRATADO DE INVERSIONES ENTRE CHINA Y LA UE, EN PELIGRO
La reacción de China vuelve a poner de relieve que la potencia asiática no está dispuesta a ceder ni un ápice en asuntos relacionados con su jurisdicción, mientras que las sanciones de la UE abren un conflicto diplomático de consecuencias todavía impredecibles.
Ambos bloques habían alcanzado en diciembre de 2020 un acuerdo político para un tratado de inversiones tras siete años de negociaciones, el cual está supeditado a la elaboración y traducción del texto final, así como a su ratificación por ambas partes.
China, que en 2020 superó a Estados Unidos como el primer socio comercial de la UE, se comprometió a trabajar hacia la ratificación de todas las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, ya que los estándares laborales y los trabajos forzados figuraban entre las preocupaciones de los países comunitarios.
Con las sanciones podría interpretarse que Bruselas considera que Pekín no está haciendo lo suficiente en este campo, y ayer el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, criticó a China por "hacer la vista gorda en lugar de cambiar sus políticas" y no abordar "las preocupaciones legítimas" del bloque comunitario.
El político español añadió que no habrá "cambios en la determinación de la UE de defender los derechos humanos y de responder a violaciones y abusos graves con independencia de donde se cometan".
Con todo, el acuerdo de inversiones podría ahora quedar en el aire, indican hoy expertos citados por la prensa local: "Las represalias de China podrían ser el beso de la muerte para este tratado. No sé si el Parlamento Europeo lo aprobará después de esto", aseguró el académico George Magnus, de la Universidad de Oxford, al diario hongkonés South China Morning Post.
Mientras, la prensa oficial china destacó hoy que las sanciones de la UE muestran su "arrogancia moral", con los editorialistas del diario nacionalista Global Times acusando a Bruselas de actuar "en coordinación con Washington y Londres" e incidiendo en que las medidas tomadas por China son "del todo necesarias".
"(Las sanciones) son inaceptables, y China tiene ahora la voluntad y las herramientas para responder", dice el rotativo.
CHINA NIEGA TODAS LAS ACUSACIONES
Entre los sancionados por la UE se encuentra el director de la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang, Chen Mingguo, a quien acusan de poner en marcha "detenciones arbitrarias" y brindar un trato degradante a los uigures, incluyendo "violaciones sistemáticas de su libertad de culto".
China niega categóricamente que en esa región existan trabajos forzados o que se opriman las prácticas religiosas, y considera las informaciones en ese sentido -algunas de ellas basadas en las investigaciones del antropólogo alemán Adrian Zenz, uno de los sancionados ayer por Pekín- como "acusaciones sin ningún fundamento" que "indignan" a la población de la zona.
La potencia asiática asegura que quienes defienden que existen trabajos o esterilizaciones forzadas en Xinjiang representan a "fuerzas antichinas", y que los testimonios de uigures que viven en otros países son también "ficciones".
Asimismo, Pekín asevera que "los periodistas extranjeros son bienvenidos" a informar sobre la región, siempre y cuando "informen de forma objetiva y no distorsionen los hechos".
No obstante, el Club de Corresponsales Extranjeros de China (FCCC) ha denunciado un "acoso especialmente intenso" de las autoridades a reporteros foráneos que intentaron acceder en 2020 a la región, donde fueron seguidos por las autoridades, se les impidió hablar con los lugareños o se les obligó a borrar datos de sus dispositivos.