El organismo hemisférico reiteró su llamado urgente a la administración Trump para el cierre inmediato de ese reclusorio, al que ha impedido el acceso de miembros de la CIDH, además de ignorar medidas cautelares otorgadas a favor de detenidos retenidos ahí.
El comisionado Francisco José Eguiguren Praeli, presidente de la CIDH, acusó que “la continúa detención indefinida de personas en Guantánamo sin el debido proceso, es arbitraria y constituye una clara violación a normas internacionales”.
“Desde hace mucho tiempo Estados Unidos debía haber cerrado las instalaciones de Guantánamo, las cuales se han vuelto un símbolo de abuso alrededor del mundo y socavan los llamados de Estados Unidos hacia otros países para respetar los derechos humanos,” precisó.
El 30 de enero pasado el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para reafirmar que su gobierno utilizará la prisión militar de Guantánamo, y describió su operación como “legal, segura y humana, conducida consistentemente con (la ley) de Estados Unidos y las leyes internacionales”.
La Casa Blanca dijo además que el secretario de Defensa, James Mathis, presentará a Trump recomendaciones de política en 90 días a partir de esa fecha, en referencia al envío de más personas a esas instalaciones.
En enero de 2017 el gobierno del presidente Barack Obama transfirió a Omán a diez personas que estaban detenidas en Guantánamo, con lo cual la población se redujo a 45 detenidos, a diferencia de los 242 que había cuando éste asumió la Presidencia en 2009.
La CIDH recordó que desde la apertura de ese centro carcelario en el 2002 ha mantenido un continuo monitoreo sobre la situación de derechos humanos de las personas detenidas ahí, otorgó un número de medidas cautelares a favor de los detenidos y publicó su informe de 2005.
Desde el 2007 la CIDH ha solicitado repetidamente autorización del gobierno de Estados Unidos para visitar esas instalaciones y, sin embargo, todas estas peticiones han sido negadas, en adición a su recomendación para su cierre.
En un comunicado, la comisión hizo notar que hasta la fecha, el Estado no ha cumplido con estas medidas, y consideró que el anuncio de la reciente Orden Ejecutiva “representa la clara intención del Estado de incumplir con estas medidas”.
La comisionada Margarette Macaulay, relatora para Estados Unidos, hizo notar que la detención indefinida de personas, como ocurre en Guantánamo, es arbitraria y constituye una grave violación al derecho internacional de los derechos humanos.
“La decisión de Estados Unidos de permitir que siga abierto indefinidamente el centro de detención en la base naval ubicada en Cuba, y de plantear la posibilidad de transferir nuevos detenidos allí, es contraria a todas las recomendaciones que la Comisión Interamericana realiza a Estados Unidos a lo largo de los años, y es contraria a sus obligaciones internacionales”, precisó.