Las posturas están especialmente alejadas en los ámbitos de la competencia justa, la pesca y la gobernanza del futuro convenio, cuestiones determinantes para el éxito de las conversaciones.
IGUALDAD PARA LAS EMPRESAS
La UE exige que el futuro acuerdo incluya garantías para asegurar una competencia abierta y justa entre las empresas británicas y comunitarias, de modo que las compañías del Reino Unido no se vean beneficiadas con ventajas de las que no pueden disfrutar las firmas de los Veintisiete.
Esas ventajas podrían traducirse, por ejemplo, en un mayor acceso a ayudas de Estado.
Para evitar ese escenario de desigualdad, Bruselas quiere que el Gobierno británico se comprometa a que sus regulaciones en áreas como las ayudas estatales, los estándares sociales, laborales, medioambientales y climáticos o la fiscalidad no diverjan excesivamente de las comunitarias cuando el Reino Unido tenga acceso al mercado europeo como país tercero.
La UE teme que una relajación de las reglas británicas en esas áreas mientras el Reino Unido continúa comerciando con los Veintisiete pueda conllevar distorsiones en el mercado único.
El Gobierno británico, por contra, cree que esta cesión comprometería su soberanía, pues tendría que aplicar normas similares a las del club comunitario a pesar de haberse convertido en un país tercero.
"La UE está preocupada por que el Gobierno del Reino Unido empiece a dar subsidios a sus propias empresas para avanzar en términos de política industrial, y eso significa que tendrán una ventaja competitiva injusta a ojos de la UE", declaró a Efe la subdirectora del centro de estudios Bruegel, Maria Demertzis.
Con el objetivo de evitar ventajas injustas, la Unión Europea presiona a Londres "para que acepte las mismas leyes que tiene la UE", insistió, y añadió que una falta de acuerdo en este campo "podría ser muy dañina".
El mantenimiento de estándares y regulaciones similares entre Londres y Bruselas debería mantenerse a lo largo de los años, a medida que la tecnología o las prioridades legislativas varían.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró la semana pasada que se debería trabajar en un mecanismo en el que "con el tiempo", cuando las normas y regulaciones del Reino Unido y los Veintisiete cambien, "haya un alineamiento".
Sobre ese ámbito, el director del Proyecto de Política Comercial del Reino Unido en el Centro Europeo para Política Económica Internacional (ECIPE), David Henig, dijo a Efe esperar que las empresas ejerzan "una presión considerable" para mantener en el futuro regulaciones similares "en muchas áreas cuando sea posible".
Desde el centro de estudios Bruegel, Demertzis anticipó que, en última instancia, el Reino Unido deberá asumir "las grandes líneas" de la legislación comunitaria a cambio del acceso al mercado único.
"La UE es el actor más grande en estas negociaciones, así que tiene más poder y, aún más importante, el Reino Unido tiene más que perder, así que el Reino Unido querrá más ese acuerdo", explicó.
LA PESCA, ¿REHÉN DE LA COMPETENCIA?
La pesca es otra de las grandes cuestiones en las que la Unión Europea y el Reino Unido siguen lejos del consenso, pese a su importancia en países como Francia o España.
El club comunitario defiende mantener una situación lo más similar posible a la actual, en la que los pescadores europeos tienen acceso a las aguas británicas con las cuotas pactadas entre los Estados de la UE.
Sin embargo, Londres apuesta por negociar anualmente las cuotas con los países del bloque, un arreglo similar al que se acordó con Noruega y que la Unión Europea considera técnicamente inviable por la gran cantidad de especies en las aguas británicas, a diferencia del convenio suscrito con Oslo.
Desde el ECIPE, David Henig opinó que "no es realista" pensar que los Veintisiete mantendrán el mismo acceso a las aguas británicas que tenían antes del Brexit.
El analista Pieter Cleppe, de la organización Property Rights Alliance, consideró que en la pesca el Reino Unido tiene una posición de superioridad porque algunos Estados miembros necesitan las capturas en aguas británicas y podrían sufrir "un daño horrible" sin acuerdo.
Así, agregó que comunicar a la opinión pública de países como Francia la pérdida del acceso a las aguas del Reino Unido "no será fácil".
"Pero, por otra parte, el Reino Unido está interesado en un acuerdo porque no son capaces de vender todo el pescado que se captura en sus aguas", completó.
La subdirectora de Bruegel, Maria Demertzis, señaló que la pesca es un instrumento con el que Bruselas intenta "forzar" a Londres a aceptar las garantías que aseguran una competencia justa.
"Es la forma de presionar al Reino Unido, que haga algunas concesiones en la igualdad de condiciones (para una competencia justa) y después la UE hará concesiones en la pesca", comentó, para después precisar que la pesca "económicamente no es tan importante" como las garantías para una competencia justa.
Como Cleppe, recalcó que el Reino Unido vende la mayoría de su pescado a la UE y, sin un acuerdo, no podría dar salida al producto.
LA GOBERNANZA, CUESTIÓN DE CONFIANZA
Aunque la gobernanza del nuevo acuerdo ha sido fundamental durante toda la negociación, ha cobrado protagonismo las últimas semanas, tras la propuesta legislativa británica que viola partes del acuerdo de retirada, en particular, los aspectos relacionados con la frontera irlandesa.
Ese proyecto ha dañado la confianza de los negociadores comunitarios en el Reino Unido, e incluir en el nuevo acuerdo mecanismos para resolver disputas de manera eficaz resulta imprescindible para Bruselas.
La subdirectora de Bruegel afirmó que los tribunales británicos o alguna otra institución del país deberán estar involucrados en la gobernanza, y apostó por establecer paneles de arbitraje con jueces comunitarios y británicos.