Las detenciones se efectuaron el domingo en una operación coordinada desde Ankara en 11 provincias de Turquía.
De los arrestados, 13 se encontraban en Estambul, cinco en Ankara y los demás en otras ciudades del país. Cinco detenidos son menores de edad.
La Dirección de Delincuencia Informática de la policía informó de que cuenta con una lista de 250 sospechosos de haber participado en diversos ataques del grupo "Anonymous" contra la Autoridad de Telecomunicaciones (TIB) y otros organismos del Estado.
La pasada semana, el grupo de ciberactivistas anunció en su página web la "Operación Turquía" contra la censura en el país euroasiático.
"Durante los últimos años, hemos visto como el gobierno turco endurecía el control sobre internet. Ha bloqueado miles de páginas web y blogs mientras procesos legales abusivos persisten contra el periodismo online", denunció "Anonymous" en un comunicado.
"El gobierno quiere imponer un nuevo sistema de filtros a partir del 22 de agosto, que permitirá hacer un seguimiento de la actividad en internet de los usuarios (...) Está claro que el gobierno quiere llevar la censura a un nuevo nivel", añadió.
Las autoridades turcas han asegurado que habrá cuatro tipos de filtros, desde el que dejará a los usuarios seguir navegando como hasta ahora, hasta el que permitirá a las familias restringir el acceso a páginas que considere nocivas para sus hijos.
Pero la mayoría de usuarios turcos teme que esta iniciativa dificulte aún más el acceso a internet en un país en que hay ya más de 13,000 páginas web bloqueadas, la mayoría ilegales, pero también muchos blogs políticos o de movimientos de izquierda.
El pasado viernes, la Policía española detuvo a tres personas acusadas de ser los máximos responsables de los ataques del grupo "Anonymous" llevados a cabo en España.
Uno de los detenidos tenía en su casa un servidor en el que se coordinaron y ejecutaron acciones contra páginas web de todo el mundo.
Desde esa vivienda, fueron atacados los sitios web de los gobiernos de Egipto, Argelia, Libia, Irán, Chile, Colombia y Nueva Zelanda, así como los de conocidas empresas, según informó el Ministerio español del Interior.