Así lo aseguró este jueves a Efe el canciller ecuatoriano, José Valencia, quien agregó que el país responde siempre "a todas las comunicaciones" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, es uno de los firmantes del documento de Naciones Unidas.
"No tenemos absolutamente nada que no presentar (esconder) a la CIDH o a los relatores especiales, Ecuador en esto ha estado procediendo conforme a derecho", insistió el responsable de la diplomacia ecuatoriana.
Además, explicó que en "cualquier país del mundo", una persona puede ser detenida con el propósito de investigarla si se tienen indicios de que ha podido cometer un delito.
Y que en el caso de Bini, se ha respetado el debido proceso, así como sus garantías judiciales, "dentro de la ley y de una manera adecuada, de acuerdo a las normativas procedimentales del Ecuador".
Bini, residente en Ecuador desde hace cinco años, fue arrestado el 11 de abril cuando se disponía a tomar un vuelo en el aeropuerto de Quito con destino a Japón, y desde entonces está bajo arresto preventivo.
Ecuador lo detuvo el mismo día que puso fin al asilo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la premisa que ambos pudieron formar parte de una red que vulneró la integridad de los sistemas informáticos del país.
Su detención ha despertado las críticas de ONG de derechos por la libertad de expresión y prensa, así como una petición de explicaciones por parte del gobierno de Suecia.
El pasado 7 de mayo el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, junto con el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, y Lanza, solicitaron al Estado ecuatoriano que proporcione información sobre la detención y advierten de que expresarán públicamente sus "preocupaciones" sobre el caso.
El escrito, remitido al representante ecuatoriano ante la Oficina de la ONU y otras organizaciones internacionales en Ginebra, llama a a Ecuador a aclarar las causas que llevaron a la detención del sueco así como las medidas adoptadas para "identificar y remediar cualquier violación" de sus derechos humanos.
También solicitaron que el escrito fuera enviado al propio Valencia, quien reconoció a Efe que todavía no tiene constancia de haberlo recibido.
El ministro de Relaciones Exteriores admitió que el Gobierno sueco se puso en contacto con el embajador ecuatoriano en Estocolmo para solicitar información del proceso y sobre su situación actual.
"Es importante señalar que el Gobierno sueco siempre ha manifestado que respeta la legislación ecuatoriana y las disposiciones de nuestra ley con miras a procesar a una persona que, eventualmente, haya cometido un delito, sea ciudadano ecuatoriano o extranjera", declaró Valencia.
La Fiscalía ecuatoriana ha ratificado este mes que presume que el sueco participó en el delito de vulneración de sistemas informáticos del Estado y que formaría parte de las supuestas amenazas que el portal WikiLeaks ha hecho al Gobierno ecuatoriano por haber retirado el asilo diplomático a Assange.
Además, la amistad de Bini con el fundador de WikiLeaks fue esgrimida por la acusación fiscal, así como una supuesta falta de colaboración del sospechoso y la cantidad de literatura informática y equipos tecnológicos decomisados en su detención y en el allanamiento de su vivienda en Quito.