La medida fue aprobada en el Senado de manera unánime tras haber recibido el aval de la Cámara Baja esta semana y, para entrar en vigor, tendrá que ser firmada por el presidente estadounidense, Joe Biden, quien ya ha expresado su apoyo al proyecto.
Una vez que sea implementada, la ley impedirá que el sector privado fuerce a sus empleados a participar en procesos de arbitraje secretos al margen del sistema judicial y en los que actualmente participan las víctimas y quienes supuestamente han perpetrado los abusos.
En concreto, el proyecto dará a las víctimas poder para decidir si quieren acudir directamente a la justicia para resolver sus denuncias de abuso y acoso sexual.
Unos 60 millones de estadounidenses, la mayoría mujeres, se han visto obligados a participar en este tipo de procesos, explicó en el hemiciclo la demócrata Kirsten Gillibrand.
Gillibrand, una fiera defensora de las supervivientes de abusos sexuales, afirmó que el actual sistema perjudica especialmente a las mujeres de las minorías afroamericana o hispana y a aquellas con pocos recursos económicos.
"Esta ley ayudará a reparar un sistema que está roto y que protege a las empresas. Esta ley acaba con los días en los que se silencia a las supervivientes", afirmó Gillibrand en una rueda de prensa tras la votación.
Esta iniciativa supone una de las mayores reformas en el sector privado de EE.UU. en décadas, según los senadores que han impulsado la iniciativa y entre los que figura el republicano Lindsey Graham.
La aprobación de estos cambios supone una victoria para el movimiento "Me Too", que nació hace cuatro años para visibilizar el acoso y abuso que sufren muchas mujeres en situaciones laborales.